La delincuencia organizada y los mecanismos de extorsión

Resumen

La investigación analiza la respuesta penal frente al crecimiento de la extorsión vinculada con la delincuencia organizada en Ecuador, con énfasis en las dificultades jurídicas para diferenciar la intimidación, la tentativa y la extorsión consumada cuando no se produce una disposición patrimonial efectiva. El objetivo fue examinar la estructura jurídica de estas conductas, determinar la aplicación de la tentativa y establecer las consecuencias de las distintas calificaciones jurídicas respecto de la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el debido proceso. Se aplicó un enfoque cualitativo, con diseño documental y métodos jurídico-dogmático, interpretativo y sistemático, mediante el estudio de la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, doctrina, datos institucionales y jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional. Se evidencia un incremento sostenido de las noticias del delito por extorsión registradas por la Fiscalía General del Estado, que pasaron de 2.080 en 2020 a 23.087 en 2024, conforme a la serie estadística utilizada en la investigación, cifras que corresponden a noticias del delito y no a causas judicializadas ni a sentencias, por lo que no permiten establecer por sí solas la eficacia o ineficacia de las reformas penales. El estudio identifica, además, que el endurecimiento de las penas no sustituye la capacidad institucional de investigar los hechos, proteger a las víctimas, seguir los recursos obtenidos e identificar las estructuras que dirigen las operaciones extorsivas. El principal hallazgo se relaciona con la estructura del artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal, cuyos verbos “exija u obligue” pueden generar dificultades para determinar el momento de consumación cuando la amenaza afecta la libertad, pero el perjuicio patrimonial no llega a producirse. Esta situación favorece a recalificar la conducta como intimidación, pese a la finalidad económica demostrada, o atribuir una extorsión consumada sin acreditar los elementos correspondientes a la modalidad imputada. Se concluye que el artículo 39 del COIP permite aplicar la tentativa cuando existen actos idóneos e inequívocos dirigidos a la realización del delito y la consumación se frustra por causas ajenas a la voluntad del autor, siempre que la calificación atienda al verbo rector, los actos ejecutados y los elementos efectivamente probados.