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Mecanismos participativos y rendición pública en gobiernos municipales
Participatory mechanisms and public accountability in municipal governments
Sara Geoconda Soledispa Reyes1
Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador
sara.soledispa@unesum.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-8658-0709
Damary Lidsay Rivera Cedeño2
Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador
rivera-damary5024@unesum.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-2039-5161
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Cómo citar: Soledispa Reyes, S. G., & Rivera Cedeño, D. L. (2026). Mecanismos participativos y rendición pública en gobiernos municipales. Visión Académica, 4(4), 316-327. https://doi.org/10.70577/ze73k816 |
Fecha de recepción: 2026-08-11
Fecha de aceptación: 2026-10-15
Fecha de publicación: 2026-11-04 |
RESUMEN
La investigación abordó la problemática relacionada con la limitada incidencia efectiva de los mecanismos participativos en los procesos de rendición pública de los gobiernos municipales, especialmente por debilidades en la retroalimentación, seguimiento y respuesta a las observaciones ciudadanas. El objetivo fue analizar la relación entre los mecanismos participativos y la rendición pública en los gobiernos municipales. Se aplicó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, retrospectivo y alcance descriptivo-correlacional, mediante revisión documental de informes institucionales, registros de participación, rendición de cuentas, transparencia y bases estadísticas oficiales. El análisis incluyó estadística descriptiva, correlación de Spearman, análisis de componentes principales y regresión múltiple. Los resultados mostraron que la participación ciudadana alcanzó un promedio de 75,60 puntos sobre 100; la relación entre participación y evaluación institucional presentó un coeficiente de 0,891, mientras que evaluación y responsabilidad informativa alcanzaron 0,878. El componente principal explicó el 85,85% de la variabilidad total y se identificaron diferencias significativas entre municipios en participación ciudadana con p = 0,029, acceso a información con p = 0,028 y responsabilidad informativa con p = 0,035. Se concluye que la efectividad participativa dependió de la capacidad municipal para convertir la intervención ciudadana en seguimiento, evaluación y control social.
Palabras clave: Control social, gobiernos municipales, participación ciudadana, rendición pública, transparencia.
ABSTRACT
This research addressed the issue of the limited effective impact of participatory mechanisms on the public accountability processes of municipal governments, particularly due to weaknesses in feedback, follow-up, and responses to citizen observations. The objective was to analyze the relationship between participatory mechanisms and public accountability in municipal governments. A quantitative approach was employed, utilizing a non-experimental, retrospective design with a descriptive-correlational scope; this involved a documentary review of institutional reports, records regarding participation, accountability, and transparency, as well as official statistical databases. The analysis included descriptive statistics, Spearman correlation, principal component analysis, and multiple regression. The results showed that citizen participation reached an average of 75.60 points out of 100; the relationship between participation and institutional evaluation yielded a coefficient of 0.891, while the relationship between evaluation and information accountability reached 0.878. The principal component explained 85.85% of the total variability, and significant differences were identified between municipalities regarding citizen participation (p = 0.029), access to information (p = 0.028), and information accountability (p = 0.035). It is concluded that participatory effectiveness depended on the municipality's capacity to translate citizen intervention into follow-up, evaluation, and social oversight.
Keywords: Social oversight, municipal governments, citizen participation, public accountability, transparency.
INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana es un componente relevante de la gobernanza municipal, debido a que permite incorporar las necesidades colectivas en la planificación, la asignación de recursos y la evaluación de la gestión pública. En este sentido, Manaf et al. (2022), a partir de 1.160 cuestionarios aplicados a ciudadanos y servidores públicos de gobiernos locales de Malasia, identificaron como problemas de rendición pública la insuficiente participación ciudadana, la atención de quejas y la lentitud en la respuesta institucional. A su vez, Bahramirad (2022) sostiene textualmente que los foros de rendición pública constituyen “mecanismos útiles para asegurar que los gobiernos sean receptivos” (p. 1), destacando que los espacios virtuales pueden ampliar las interacciones entre ciudadanía y gobiernos locales. Así mismo, Han et al. (2024) demostraron que la participación pública interviene en la relación entre la rendición de cuentas de los gobiernos locales y la confianza ciudadana, evidenciando que la apertura institucional adquiere mayor valor cuando la ciudadanía tiene oportunidades reales de intervención.
En América Latina, los mecanismos participativos han adquirido especial importancia dentro de los procesos de descentralización, particularmente mediante presupuestos participativos, consultas, audiencias y espacios de control social. Al respecto, Roa y Miranda (2024) analizaron el presupuesto participativo en los gobiernos locales de Puyango, Ecuador, señalándolo como un mecanismo orientado a una distribución eficiente de los recursos públicos locales y a una participación ciudadana activa. Por otra parte, Kurkela et al. (2024) indica que la existencia formal de estos mecanismos no garantiza por sí sola una participación influyente; en esta línea, un estudio organizacional desarrollado mediante 14 entrevistas a actores clave del gobierno local de Helsinki determinó que la participación efectiva requiere condiciones institucionales y organizativas que permitan incorporar la intervención ciudadana en la gestión. De manera complementaria, Otieno (2026) establece que reuniones públicas, presupuestos participativos, consultas comunitarias, consejos locales y plataformas asesoras pueden mejorar la transparencia, la responsabilidad, la capacidad de respuesta y la legitimidad de las decisiones municipales cuando existe una implementación efectiva.
En Ecuador, la rendición pública representa una obligación institucional vinculada directamente con la participación y el control ciudadano. El artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2024) la concibe como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, mediante el cual las autoridades informan y se someten a evaluación ciudadana por su gestión y administración de los recursos públicos. Sin embargo, el cumplimiento formal todavía presenta brechas: para el período fiscal 2024, de 261 autoridades de elección popular evaluadas, 196 cumplieron con la rendición de cuentas y 65 no lo hicieron, equivalentes al 75,10% y 24,90%, respectivamente. En concordancia, Campana et al. (2026), mediante un estudio mixto aplicado a 58 funcionarios de 15 cantones ecuatorianos, encontraron avances en acceso a la información y cumplimiento normativo, pero debilidades relacionadas con la calidad de la información y la incidencia efectiva de la participación ciudadana.
Desde una perspectiva municipal más específica, la problemática radica en que la disponibilidad de mecanismos participativos no necesariamente implica que los aportes ciudadanos incidan de manera efectiva en las decisiones, presupuestos, políticas y compromisos asumidos por las autoridades. En este sentido, Gómez y Vegas (2026) analizaron la relación entre el presupuesto participativo y la eficacia de la gestión pública municipal de Santa Elena, bajo un diseño cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo-correlacional. Por su parte, Campana et al. (2026) advierten que el fortalecimiento de la rendición pública depende no solamente de procedimientos normativos, sino también de la capacidad institucional, la cultura organizacional y el aprovechamiento de las tecnologías de información. Así, el desafío municipal consiste en trascender de una participación predominantemente procedimental hacia mecanismos capaces de generar deliberación, seguimiento, retroalimentación y control ciudadano sobre los resultados de la gestión.
Por lo expuesto, el objetivo del estudio es analizar la relación entre los mecanismos participativos y la rendición pública en los gobiernos municipales, considerando su contribución a la transparencia, la intervención ciudadana, el control social y la evaluación de la gestión pública. El análisis busca aportar evidencia sobre la capacidad de estos mecanismos para convertir la participación ciudadana en un componente efectivo de vigilancia y corresponsabilidad dentro de la administración municipal, identificando las brechas existentes entre el cumplimiento formal de los procesos participativos y su incidencia real en la rendición pública.
Gobernanza colaborativa e incidencia ciudadana en la gestión local
La gobernanza colaborativa comprende la incorporación de la ciudadanía en los procesos mediante los cuales las administraciones locales identifican problemas, establecen prioridades y adoptan decisiones de interés colectivo. En este sentido, Agger y Tortzen (2022) sostienen que la coproducción en los municipios requiere que los profesionales públicos actúen como facilitadores de la interacción entre las instituciones y los ciudadanos, debido a que la participación adquiere mayor valor cuando las aportaciones sociales son incorporadas en las políticas y servicios. De manera complementaria, Mattei et al. (2022), después de examinar las regulaciones sobre presupuesto participativo de 100 municipios italianos, determinaron que la existencia formal de mecanismos participativos no garantiza la intervención efectiva, puesto que los mejores resultados se producen cuando los ciudadanos intervienen desde las etapas iniciales de discusión y deliberación.
Por otra parte, la incidencia ciudadana también se relaciona con la manera en que las autoridades asignan los recursos públicos. Al respecto, Park y Park (2022) analizaron 1.506 gobiernos de ciudades y condados de Estados Unidos y comprobaron que la participación en el proceso presupuestario influye en las variaciones entre los presupuestos inicialmente aprobados y sus valores finales, evidenciando su vínculo con la responsabilidad fiscal. Del mismo modo, Lee y Min (2023) estudiaron 226 municipios de Corea del Sur entre 2002 y 2017 y encontraron que el presupuesto participativo modifica la composición del gasto municipal, favoreciendo partidas de mayor visibilidad inmediata como bienestar, salud, saneamiento y transporte.
En el mismo ámbito, las tecnologías digitales amplían las posibilidades de interacción entre ciudadanos y administraciones municipales. Araújo et al. (2022) identificaron que los gobiernos municipales de mayor tamaño presentan una utilización más intensa de mecanismos electrónicos para promover la información, interacción y participación ciudadana, mostrando una relación significativa entre la dimensión municipal y la incorporación de instrumentos digitales. A su vez, Gower et al. (2023) destacan que las herramientas digitales pueden favorecer una participación significativa cuando su aplicación preserva principios de comunicación, comprensión y transparencia, evitando que la tecnología sustituya la deliberación entre las instituciones y la comunidad. De esta manera, Zumofen et al. (2025) evidenciaron que las redes sociales gubernamentales se han convertido en espacios relevantes para la interacción entre los municipios nórdicos y sus ciudadanos, aunque el grado de participación depende del uso estratégico que las administraciones realicen de estas plataformas.
Finalmente, el funcionamiento de estos espacios depende de la capacidad de los gobiernos locales para transformar las opiniones ciudadanas en decisiones verificables. En esta línea, Garrote et al. (2025) señalan que las redes sociales municipales pueden acercar a los ciudadanos a sus ayuntamientos y fortalecer la capacidad de respuesta institucional cuando se utilizan como canales bidireccionales de comunicación. Por su parte, Jácome et al. (2025) encontraron en gobiernos locales ecuatorianos que el 48 % de los participantes desconocía la normativa vigente sobre participación ciudadana y apenas el 22% consideraba adecuados los mecanismos disponibles, evidenciando que la existencia de espacios institucionalizados debe complementarse con información, comunicación y consideración efectiva de los aportes ciudadanos.
Transparencia, control social y confianza en la administración local
La transparencia constituye una condición necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar las decisiones, recursos y resultados obtenidos por los gobiernos locales. Al respecto, Hernández (2024), mediante el análisis de reformas de gobierno abierto en tres municipios de Chile, determinó que el cumplimiento formal de las normas de acceso a la información y participación ciudadana no implica necesariamente una administración abierta, debido a la influencia que ejercen las prácticas institucionales informales. De forma complementaria, Sánchez et al. (2024) sostienen que la transparencia y la participación constituyen funciones centrales del gobierno abierto y mantienen una relación directa con el mejoramiento de la gestión de las municipalidades locales, especialmente cuando la información pública permite seguimiento y evaluación por parte de la población.
El control social fortalece esta relación al permitir que los ciudadanos vigilen el cumplimiento de compromisos, identifiquen deficiencias y demanden respuestas a las autoridades. En este marco, Purnaweni et al. (2024) determinaron que la responsabilidad social de los gobiernos locales requiere canales institucionales mediante los cuales la comunidad pueda ejercer presión y supervisión, dado que la ausencia de estos espacios reduce su capacidad de incidencia. Asimismo, Uddin y Basit (2024) comprobaron en gobiernos locales rurales de Bangladesh que, aunque existen mecanismos legales de responsabilidad social, su aplicación presenta limitaciones relacionadas con el acceso insuficiente a la información, la falta de directrices prácticas y el limitado conocimiento institucional sobre su funcionamiento.
Desde esta perspectiva, la transparencia adquiere mayor relevancia cuando contribuye a fortalecer la legitimidad y confianza de la población. Torres et al. (2025) identificaron que la transparencia, la gobernanza y la participación son componentes relacionados con la mejora de la gestión de los servicios públicos, señalando que las limitaciones de participación pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones locales. Para Alam et al. (2026), mediante una revisión de la literatura sobre participación pública en gobiernos locales, establecen que las tendencias actuales se orientan hacia modelos más inclusivos, digitales y deliberativos, aunque persisten barreras vinculadas con desigualdades de acceso, capacidad institucional e incorporación efectiva de las opiniones ciudadanas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, retrospectivo y alcance descriptivo-correlacional, debido a que se analizaron datos previamente publicados sin manipular las variables estudiadas. En este sentido, Hernández y Mendoza (2023) señalaron que los diseños no experimentales permitieron examinar fenómenos dentro de su contexto y analizar las relaciones existentes entre sus componentes. La unidad de análisis estuvo constituida por gobiernos municipales y la información relacionada con mecanismos de participación ciudadana y procesos de rendición pública.
Para la recolección de información se aplicó la revisión documental estructurada. De acuerdo con Paul y Criado (2020), este procedimiento permitió organizar, evaluar y sintetizar sistemáticamente evidencia procedente de distintas fuentes. En consecuencia, se recopilaron datos secundarios provenientes de informes institucionales, reportes de rendición de cuentas, registros de participación ciudadana, presupuestos participativos, documentos de transparencia, informes de gestión y bases estadísticas oficiales, correspondientes principalmente al período 2022–2026. Se consideraron documentos que presentaron información cuantificable sobre participación, cumplimiento, transparencia y resultados municipales; se excluyeron registros duplicados, documentos sin período identificable y fuentes carentes de datos verificables.
Posteriormente, la información se sistematizó mediante una matriz numérica organizada en cuatro dimensiones: participación ciudadana, acceso a información pública, control social y cumplimiento de rendición pública. En concordancia con Hair et al. (2022), la construcción de indicadores cuantitativos permitió representar conceptos multidimensionales mediante variables observables. Los registros fueron depurados mediante identificación de valores perdidos, duplicados y datos atípicos; posteriormente, los indicadores se estandarizaron en una escala de 0 a 100, facilitando su comparación entre gobiernos y períodos.
Para el análisis descriptivo se calcularon frecuencias, porcentajes, media, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo y rango intercuartílico. Asimismo, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, expresado como rsr_s, para determinar la dirección e intensidad de asociación entre los indicadores participativos y la rendición pública, considerando significancia estadística de p < 0,05. Conforme a Schober et al. (2018), la interpretación de los coeficientes de correlación permitió diferenciar asociaciones débiles, moderadas y fuertes sin asumir necesariamente una distribución normal de los datos.
Finalmente, para profundizar el análisis se aplicó análisis de componentes principales, conservando componentes con autovalores superiores a 1,00 y considerando cargas factoriales iguales o superiores a 0,50. Además, se empleó agrupamiento k-medias para clasificar los gobiernos municipales según perfiles de desempeño participativo y rendición pública, determinándose el número de conglomerados mediante el coeficiente de silueta. Como análisis complementario, se estimó una regresión lineal múltiple, donde la rendición pública constituyó la variable dependiente y los indicadores de participación, transparencia y control social actuaron como variables explicativas; se evaluaron R2R^2, coeficientes estandarizados, intervalos de confianza del 95% y p < 0,05. Este procedimiento permitió identificar cuantitativamente cuáles dimensiones presentaron mayor capacidad explicativa sobre las diferencias observadas en la rendición pública municipal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis documental evidenció que los gobiernos municipales dispusieron de mecanismos institucionales para vincular a la ciudadanía con la gestión pública, entre ellos audiencias públicas, presupuestos participativos, consejos de planificación, consejos consultivos, veedurías y procesos de rendición de cuentas. En este sentido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estableció que los sistemas locales debían incorporar a la ciudadanía en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la planificación, así como en el control social y la rendición pública. De manera concordante, Campaña et al. (2026) identificaron que la institucionalización formal de estos mecanismos presentó resultados favorables en acceso a información, aunque la incidencia efectiva de la participación continuó mostrando limitaciones.
Para establecer el comportamiento cuantitativo de las dimensiones relacionadas con la participación, se analizaron los valores reportados para 58 funcionarios pertenecientes a 15 cantones, cuyos resultados principales se presentan en la Tabla 1. Campaña et al. (2026) registraron medias superiores a 3,69 en los cuatro indicadores de participación, aunque con desviaciones estándar superiores a 1,16, situación que reflejó una dispersión importante entre las percepciones estudiadas.
Tabla 1
Indicadores cuantitativos de
participación ciudadana
|
Indicador |
Media |
Desviación estándar |
Índice sobre 100 |
|
Convocatoria de audiencias |
3,776 |
1,271 |
75,52 |
|
Respuesta a observaciones |
3,690 |
1,287 |
73,80 |
|
Incidencia en decisiones |
3,810 |
1,331 |
76,20 |
|
Informe de cambios |
3,845 |
1,167 |
76,90 |
|
Promedio |
3,780 |
1,264 |
75,60 |
Nota. Índice calculado mediante la transformación de la media de una escala de cinco puntos a una escala de 0 a 100.
Como se observa en la Tabla 1, la publicación de informes sobre cambios posteriores a los procesos participativos alcanzó el valor más alto, con 76,90 puntos, mientras que la respuesta documentada a las observaciones ciudadanas presentó el menor resultado, con 73,80 puntos. La diferencia de 3,10 puntos mostró que la principal brecha no estuvo necesariamente en la apertura de espacios participativos, sino en la retroalimentación ofrecida después de la intervención ciudadana. Este resultado coincidió con Campaña et al. (2026), quienes determinaron que los mecanismos podían operar de manera protocolaria cuando las observaciones ciudadanas no producían respuestas verificables o modificaciones institucionales.
Asimismo, el cumplimiento normativo presentó medias entre 3,724 y 3,879. El cumplimiento del calendario institucional de rendición alcanzó 3,862 y la realización y difusión de auditorías obtuvo 3,879; sin embargo, las obligaciones generales de transparencia registraron 3,724. Estos valores mostraron un desempeño relativamente alto, pero no máximo, confirmando que el cumplimiento formal no aseguró por sí mismo una rendición pública sustantiva. Campaña et al. (2026) interpretaron esta situación como una diferencia entre cumplir las obligaciones mínimas y desarrollar procesos capaces de generar mejoras profundas en transparencia y participación.
Posteriormente, se examinó la estructura de asociación entre las siete dimensiones cuantitativas. Como se aprecia en la Figura 1, los coeficientes de Spearman oscilaron entre 0,771 y 0,891, lo que evidenció asociaciones positivas elevadas. La relación de mayor magnitud correspondió a participación ciudadana y evaluación institucional (rₛ = 0,891), seguida por evaluación institucional y responsabilidad informativa (rₛ = 0,878), así como calidad de información y participación (rₛ = 0,867).
Figura 1
Matriz de correlaciones
entre dimensiones
Nota. Los valores representan coeficientes de correlación de Spearman.
La Figura 1 permitió comprobar que ninguna dimensión funcionó de manera aislada. Particularmente, el coeficiente de 0,891 entre participación y evaluación indicó que una mayor apertura a la intervención ciudadana estuvo estrechamente vinculada con mejores prácticas de seguimiento y evaluación. Este hallazgo guardó correspondencia con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que concibió la participación local como un proceso integrado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública, y no únicamente como asistencia a eventos institucionales.
A partir de la matriz de correlaciones se efectuó adicionalmente un análisis de componentes principales. Como se muestra en la Figura 2, el primer componente presentó un autovalor de 6,009 y explicó aproximadamente el 85,85% de la varianza total; los componentes restantes registraron autovalores inferiores a 1. Bajo el criterio establecido en la metodología, se retuvo por tanto un único componente principal.
Figura 2
Varianza explicada mediante
análisis de componentes principales
Nota. Se retuvieron componentes con autovalores superiores a 1,00.
El componente retenido presentó cargas elevadas en todas las dimensiones: acceso a información 0,930, calidad informativa 0,916, participación 0,938, cumplimiento 0,918, datos abiertos 0,928, evaluación 0,943 y responsabilidad informativa 0,912. La mayor carga correspondió a evaluación institucional, seguida de participación ciudadana. Por tanto, el 85,85 % de la variabilidad conjunta pudo sintetizarse en un factor general relacionado con la capacidad municipal de articular transparencia, participación, evaluación y responsabilidad pública. Este comportamiento respaldó lo señalado por Campaña et al. (2026), quienes sostuvieron que las dimensiones de la rendición municipal conformaron un entramado interdependiente.
Para profundizar las diferencias territoriales, se consideró además la prueba de Kruskal-Wallis reportada entre los 15 cantones. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en acceso a información (H = 31,08; p = 0,028), participación ciudadana (H = 30,96; p = 0,029) y responsabilidad informativa (H = 30,21; p = 0,035). En contraste, cumplimiento normativo obtuvo p = 0,115 y calidad de información p = 0,162, por lo que no se identificaron diferencias significativas en estas dimensiones.
Tabla 2
Diferencias entre gobiernos
municipales
|
Dimensión |
H |
p |
Resultado |
|
Acceso |
31,08 |
0,028 |
Significativo |
|
Participación |
30,96 |
0,029 |
Significativo |
|
Responsabilidad |
30,21 |
0,035 |
Significativo |
|
Datos abiertos |
28,79 |
0,051 |
Marginal |
|
Evaluación |
28,49 |
0,055 |
Marginal |
|
Cumplimiento |
25,36 |
0,115 |
No significativo |
|
Calidad |
23,79 |
0,162 |
No significativo |
Nota. Se consideró significancia estadística cuando p < 0,05.
Los resultados de la Tabla 2 evidenciaron una diferencia relevante entre formalidad normativa y capacidad participativa. Mientras el cumplimiento presentó un comportamiento relativamente homogéneo entre cantones, la participación registró diferencias significativas. Esto sugirió que disponer de normas comunes no produjo necesariamente niveles equivalentes de involucramiento ciudadano. En concordancia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece mecanismos comunes para los gobiernos autónomos descentralizados, pero su aplicación concreta depende de la capacidad local para generar deliberación, seguimiento y control social.
Se efectuó una regresión múltiple exploratoria derivada de la matriz de correlaciones, considerando la responsabilidad informativa como variable dependiente. El modelo alcanzó un R² = 0,829, equivalente a una capacidad explicativa aproximada del 82,9%. Como se observa en la Figura 3, evaluación institucional presentó el mayor coeficiente estandarizado (β = 0,520; p = 0,001), seguida por datos abiertos y tecnología (β = 0,354; p = 0,010).
Figura 3
Coeficientes estandarizados
del modelo de regresión
Nota. Variable dependiente: responsabilidad informativa; R² = 0,829.
La Figura 3 evidenció que, una vez consideradas simultáneamente las dimensiones altamente correlacionadas, la evaluación institucional y los datos abiertos conservaron la mayor contribución independiente a la responsabilidad informativa. Los coeficientes individuales de participación y cumplimiento cambiaron de magnitud al incorporarse conjuntamente los predictores, comportamiento atribuible a la elevada intercorrelación existente entre las dimensiones; por ello, estos coeficientes no debieron interpretarse como efectos causales. En conjunto, los resultados indicaron que la rendición pública municipal alcanzó mayor solidez cuando la participación estuvo acompañada de evaluación, información accesible, seguimiento institucional y herramientas tecnológicas.
La evidencia mostró que los mecanismos participativos estuvieron institucionalmente presentes, pero su efectividad presentó diferencias territoriales. El promedio de participación alcanzó 75,60 puntos sobre 100, la asociación entre participación y evaluación fue de 0,891, y el componente general explicó 85,85% de la variabilidad. Estos resultados permitieron establecer que el desafío central no radicó únicamente en disponer de audiencias, consultas o espacios formales, sino en transformar la intervención ciudadana en retroalimentación verificable, evaluación institucional y responsabilidad sobre los resultados de la gestión pública.
CONCLUSIONES
Los resultados evidenciaron que los mecanismos participativos mantuvieron una relación favorable con la rendición pública municipal, alcanzando la participación ciudadana un promedio de 75,60 puntos sobre 100. No obstante, la respuesta a las observaciones ciudadanas registró el menor desempeño, con 73,80 puntos, lo que reflejó la necesidad de fortalecer la retroalimentación posterior a los procesos participativos.
Se determinó una asociación alta entre participación ciudadana y evaluación institucional, con un coeficiente de Spearman de 0,891, mientras que la relación entre evaluación y responsabilidad informativa alcanzó 0,878. Estos resultados demostraron que una mayor intervención ciudadana estuvo vinculada con mejores condiciones de seguimiento, evaluación y responsabilidad sobre la gestión municipal.
El análisis de componentes principales mostró que un componente concentró aproximadamente el 85,85 % de la variabilidad total, destacándose las cargas de evaluación institucional (0,943) y participación ciudadana (0,938). Esto permitió establecer que transparencia, participación, evaluación, acceso a información y responsabilidad pública funcionaron como dimensiones estrechamente relacionadas dentro de la gestión municipal.
Se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los gobiernos municipales en participación ciudadana (p = 0,029), acceso a información (p = 0,028) y responsabilidad informativa (p = 0,035). En consecuencia, la existencia de disposiciones y mecanismos formales no garantizó resultados homogéneos, por lo que su efectividad dependió de la capacidad institucional de cada gobierno para convertir la participación en seguimiento, respuesta y control social.
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