DOI: https://doi.org/10.70577/65x7xg69

Diversidad cultural y legitimidad política en estados plurinacionales

Cultural diversity and political legitimacy in plurinational states

Jonas Sneider Calle García¹

Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador

carlos.zea@unesum.edu.ec

https://orcid.org/0000-0001-7546-7148

Johnny Rooney Barreto Baque²

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador

barreto-johnny5173@unesum.edu.ec

https://orcid.org/0009-0006-4457-2221

Johnny Alexander Delgado Baque³

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador

delgado-johnny7375@unesum.edu.ec

https://orcid.org/0009-0006-4997-3323

Fernando Moisés Andrade Arroyo⁴

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador

andrade-fernando7065@unesum.edu.ec

https://orcid.org/0009-0001-2055-9392

Cómo citar: Calle García, J. S., Barreto Baque, J. R., Delgado Baque, J. A., & Andrade Arroyo, F. M. (2026). Diversidad cultural y legitimidad política en estados plurinacionales. Visión Académica, 4(4), 300-315. https://doi.org/10.70577/65x7xg69

Fecha de recepción: 2026-07-12 Fecha de aceptación: 2026-09-03 Fecha de publicación: 2026-10-31

RESUMEN

La diversidad cultural en los estados plurinacionales plantea desafíos para la legitimidad política cuando el reconocimiento constitucional de pueblos y nacionalidades no se traduce en representación efectiva, confianza institucional ni participación sustantiva. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre diversidad cultural y legitimidad política en Ecuador y Bolivia, considerando reconocimiento institucional, participación, representación y satisfacción democrática. Se desarrolló un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional y comparativo, utilizando datos secundarios de Latinobarómetro 2023; la población documental comprendió 4.800 personas de países andinos y la muestra analítica incluyó 2.400 participantes de Bolivia y Ecuador, con 1.200 casos por país. Se aplicaron estadística descriptiva y contrastes comparativos. Los resultados mostraron que el apoyo a la democracia alcanzó 51% en Bolivia y 37% en Ecuador, mientras la satisfacción democrática fue 22% y 12%, respectivamente; la insatisfacción llegó a 75% en Bolivia y 87 % en Ecuador. Además, la satisfacción media fue 2,04 puntos en Bolivia y 1,70 en Ecuador. Se concluyó que la plurinacionalidad formal no garantizó por sí sola legitimidad política, pues esta dependió también de confianza institucional, representación sustantiva, desempeño estatal y capacidad de respuesta pública.

Palabras clave: Confianza institucional, democracia, diversidad cultural, estados plurinacionales, legitimidad política, participación política, representación indígena.

ABSTRACT

Cultural diversity in plurinational states poses challenges to political legitimacy when the constitutional recognition of peoples and nationalities does not translate into effective representation, institutional trust, or substantive participation. The study aimed to analyze the relationship between cultural diversity and political legitimacy in Ecuador and Bolivia, considering institutional recognition, participation, representation, and democratic satisfaction. A quantitative, non-experimental, cross-sectional, correlational, and comparative approach was employed using secondary data from the 2023 Latinobarómetro; the documentary population comprised 4,800 individuals from Andean countries, and the analytical sample included 2,400 participants from Bolivia and Ecuador (1,200 cases per country). Descriptive statistics and comparative analyses were applied. Results showed that support for democracy reached 51% in Bolivia and 37% in Ecuador, while democratic satisfaction stood at 22% and 12%, respectively; dissatisfaction reached 75% in Bolivia and 87% in Ecuador. Furthermore, mean satisfaction was 2.04 points in Bolivia and 1.70 in Ecuador. It was concluded that formal plurinationality did not, in itself, guarantee political legitimacy, as the latter also depended on institutional trust, substantive representation, state performance, and public responsiveness.

Keywords: Institutional trust, democracy, cultural diversity, plurinational states, political legitimacy, political participation, indigenous representation.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2024), la diversidad cultural es una dimensión fundamental para comprender las relaciones entre los Estados y los pueblos que integran sus territorios, particularmente en sociedades caracterizadas por diferencias étnicas, lingüísticas e históricas. A escala mundial, se estima que existen más de 476 millones de personas indígenas distribuidas en aproximadamente 90 países, equivalentes al 6,2% de la población mundial y pertenecientes a más de 5.000 grupos culturalmente diferenciados. Estas cifras evidencian la importancia de establecer mecanismos institucionales que garanticen el reconocimiento de las identidades colectivas y su participación en las decisiones públicas. En este contexto, Velasco y Kline (2025) sostienen que las demandas de autonomía indígena han transformado las concepciones tradicionales de soberanía, representación y ciudadanía, al cuestionar las estructuras políticas que históricamente han limitado el ejercicio de los derechos colectivos. Por consiguiente, la legitimidad política en los estados plurinacionales puede examinarse no solamente desde la legalidad de sus instituciones, sino también desde la capacidad de estas para reconocer la diversidad cultural y generar condiciones efectivas de participación.

En el contexto latinoamericano, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024) señala que los pueblos indígenas representan aproximadamente el 10,4% de la población regional, equivalente a más de 58,5 millones de personas. Así mismo, la tasa de pobreza de esta población alcanzó el 43,1% en 2022, frente al 21,4% registrado entre las personas no indígenas ni afrodescendientes, evidenciando desigualdades estructurales que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos. Desde esta perspectiva, Alberti y Mattiace (2023) explican que las respuestas institucionales a las demandas de autonomía territorial indígena en Ecuador y Bolivia han estado condicionadas por las relaciones de poder entre movimientos sociales, autoridades estatales y élites regionales. A su vez, Anthias (2022) identifica que, en el caso boliviano, el reconocimiento de la representación indígena dentro de las instituciones regionales no necesariamente garantiza el ejercicio efectivo de la autonomía territorial, especialmente cuando existen intereses económicos y políticos contrapuestos.

Por otra parte, Doyle (2024) sostiene que las reformas constitucionales orientadas hacia la construcción de estados plurinacionales enfrentan limitaciones cuando los procedimientos administrativos y jurídicos estatales no logran incorporar adecuadamente las formas de organización política de las comunidades indígenas. Su investigación sobre Bolivia demuestra que el reconocimiento jurídico puede coexistir con prácticas institucionales que restringen la autonomía y reproducen relaciones históricas de subordinación. De manera complementaria, Green et al. (2024) plantean que la plurinacionalidad continúa siendo objeto de interpretación y disputa entre las instituciones estatales y las organizaciones indígenas, debido a las diferencias existentes entre las disposiciones constitucionales y las experiencias comunitarias de participación y autogobierno. En consecuencia, la problemática central se relaciona con la persistencia de una brecha entre el reconocimiento formal de la diversidad cultural y su incorporación efectiva en los mecanismos de representación, deliberación y ejercicio del poder político, situación que plantea interrogantes sobre las condiciones que sustentan la legitimidad institucional en sociedades culturalmente heterogéneas.

En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2023), mediante los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022, identificó que Ecuador contaba con 16.938.986 habitantes, de los cuales 1.302.057 se autoidentificaron como indígenas, equivalentes al 7,7% de la población; 1.305.000 como montubios, correspondientes al 7,7%; y 814.495 como afroecuatorianos, equivalentes al 4,8%. Además, se registraron 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos normativamente, lo que evidencia la diversidad sociocultural del territorio ecuatoriano. En correspondencia con estos resultados, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (2025), identificó que el 15,4% de la población rural ecuatoriana se autoidentifica como indígena y el 12,9% como montubia, evidenciando la importancia de considerar las particularidades territoriales en la formulación de políticas públicas. En este escenario, la diversidad cultural plantea desafíos relacionados con la representación política, la distribución del poder, la protección de los derechos colectivos y el reconocimiento de los sistemas propios de organización comunitaria, elementos que requieren ser examinados para comprender las relaciones entre la ciudadanía y las instituciones de los estados plurinacionales.

Según Velasco y Kline (2025) destacan que el análisis de la autonomía indígena permite comprender las transformaciones de las relaciones entre los pueblos originarios y las instituciones estatales, especialmente en lo referente a la autodeterminación y el ejercicio de los derechos políticos. En función de estos antecedentes, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la diversidad cultural se relaciona con la legitimidad política en los estados plurinacionales, considerando el reconocimiento de los derechos colectivos, la representación política y la participación de los pueblos y nacionalidades en las decisiones públicas? En correspondencia, el objetivo del estudio es analizar la relación entre la diversidad cultural y la legitimidad política en los estados plurinacionales, mediante el examen del reconocimiento institucional, los derechos colectivos y los mecanismos de participación política, con énfasis en las experiencias de Ecuador y Bolivia, a fin de contribuir a la comprensión de los desafíos que enfrenta la construcción de instituciones representativas en sociedades culturalmente diversas.

Representación política y participación de grupos históricamente diferenciados

Según Cayul y Corvalan (2024), la representación descriptiva adquiere relevancia cuando integrantes de grupos históricamente subrepresentados acceden a cargos públicos, debido a que la presencia de autoridades pertenecientes al mismo grupo puede modificar los patrones de participación política de sus comunidades; en Chile, mediante datos correspondientes a más de tres millones de nuevas inscripciones electorales y cinco elecciones municipales, los autores encontraron que la presencia de alcaldes mapuches estuvo significativamente asociada con una mayor inscripción electoral de población mapuche durante el primer año de gobierno.

En concordancia, Gribanova y Yudin (2024) señalan que la representación indígena en América Latina ha evolucionado desde una participación limitada hacia una mayor presencia en partidos, procesos electorales y gobiernos subnacionales, aunque persisten restricciones institucionales que dificultan convertir la representación numérica en capacidad efectiva de decisión. De esta manera, Menes Aguirre (2024), al analizar las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2021 y 2023, muestra que la identificación étnica del candidato no determina automáticamente el comportamiento electoral de las comunidades indígenas, lo cual evidencia que la representación política también depende de factores partidarios, territoriales y coyunturales.

Por su parte, Ferreira (2022) sostiene que la participación de las mujeres indígenas ecuatorianas debe analizarse desde la intersección entre género, pertenencia étnica y condiciones socioeconómicas, debido a que estos elementos han incidido históricamente en sus posibilidades de intervenir en espacios formales de decisión política. De forma complementaria, Benavides y Herrera (2024), mediante el análisis de 11 procesos electorales locales y nacionales desarrollados entre 2002 y 2023, comprobaron que los avances normativos en materia de paridad no han eliminado completamente las diferencias de acceso entre mujeres y hombres indígenas a cargos de representación. A su vez, O’Brochta (2024), utilizando información del World Values Survey y Afrobarometer, demuestra que la diversidad étnica en la composición gubernamental y la representación de personas pertenecientes al mismo grupo étnico pueden influir de manera diferenciada en la confianza ciudadana y en las percepciones de equidad entre grupos.

En este sentido, LeVan (2024) argumenta que la democracia multicultural exige mecanismos capaces de proteger a las minorías frente a decisiones exclusivamente mayoritarias, puesto que la igualdad formal de derechos no garantiza por sí misma una representación equilibrada de intereses culturalmente diferenciados. De manera similar, Thoenig (2024) plantea que, en sociedades donde las divisiones étnicas adquieren mayor importancia que las diferencias económicas, las instituciones democráticas deben gestionar tanto la distribución de recursos como los incentivos de movilización política entre grupos, vinculando de esta forma diversidad, información y estabilidad institucional.

Confianza institucional, reconocimiento e inclusión democrática

De acuerdo con Wu et al. (2022), las diferencias de confianza política entre grupos raciales y étnicos no siguen un patrón uniforme, puesto que la percepción de justicia en el funcionamiento de las instituciones constituye un elemento central para explicar por qué determinadas poblaciones desarrollan mayor o menor confianza en el gobierno. En correspondencia, Kao et al. (2023) encontraron, mediante información del World Values Survey, que el reconocimiento institucional de las lenguas minoritarias no necesariamente incrementa la confianza política cuando dicho reconocimiento es únicamente simbólico y no se traduce en una representación sustantiva de los intereses del grupo. A su vez, Schraff y Hegewald (2025) muestran que la relación entre diversidad étnica y confianza política depende de las circunstancias institucionales y sociales en las cuales interactúan los distintos grupos, descartando interpretaciones lineales según las cuales una mayor heterogeneidad cultural produce necesariamente menor confianza en las instituciones.

De esta forma, Devine (2024), mediante un metaanálisis sobre las consecuencias de la confianza política, sostiene que esta variable está vinculada con distintas formas de cooperación y comportamiento ciudadano, aunque sus efectos dependen del objeto institucional evaluado y del contexto político considerado. De forma semejante, Han et al. (2024), a partir de una encuesta aplicada en gobiernos locales de Nepal, determinaron que la rendición de cuentas se relaciona con la confianza pública y que la participación ciudadana puede modificar esta relación, destacando la interacción existente entre desempeño gubernamental, involucramiento ciudadano y credibilidad institucional. Por otro lado, Goldfinch et al. (2023), con una encuesta de 3.100 participantes en Japón, encontraron que la participación política no se relacionó de manera uniforme con la confianza en los actores gubernamentales locales, mientras que determinadas formas de participación cívica sí presentaron asociaciones específicas con la confianza en las autoridades.

Para Holum (2023) evidencia que las iniciativas gubernamentales destinadas a promover la participación ciudadana producen efectos limitados sobre la confianza cuando las personas no perciben una influencia real en las decisiones públicas, por lo que la simple existencia de mecanismos participativos no garantiza una relación positiva entre ciudadanos e instituciones. En la misma línea, Xin et al. (2023) determinaron que la participación electrónica puede generar efectos diferenciados sobre la confianza gubernamental, debido a que la interacción digital con las instituciones depende de la calidad de la respuesta estatal y de las experiencias previas de los ciudadanos. En consecuencia, estas investigaciones permiten sustentar que la confianza institucional en sociedades culturalmente heterogéneas se configura mediante la combinación entre reconocimiento, justicia percibida, representación efectiva, rendición de cuentas y oportunidades reales de participación, dimensiones pertinentes para analizar posteriormente la legitimidad de las instituciones en contextos plurinacionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

De acuerdo con Mila y López (2024), se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, debido a que se trabajó con datos numéricos procedentes de encuestas de opinión pública y se analizaron estadísticamente las relaciones existentes entre características socioculturales y percepciones sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas. El estudio presentó un diseño no experimental, transversal, correlacional y comparativo, puesto que las variables no fueron manipuladas y la información correspondió a mediciones realizadas en un momento determinado. Como referencia empírica principal se utilizó la base de datos del Latinobarómetro 2023, cuya recolección en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se realizó mediante entrevistas presenciales entre el 20 de febrero y el 1 de abril de 2023; en cada país fueron entrevistadas 1.200 personas y se reportó un margen de error aproximado de ±2,8%.

La población documental inicial estuvo constituida por 4.800 personas adultas encuestadas en los cuatro países andinos incluidos en el estudio de referencia: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A partir de este universo se seleccionó intencionalmente una muestra analítica de 2.400 participantes, correspondientes exclusivamente a Bolivia (n = 1.200) y Ecuador (n = 1.200), debido a que ambos países constituyeron los casos de comparación seleccionados para estudiar la diversidad cultural dentro de estructuras estatales que reconocieron constitucionalmente la plurinacionalidad. Por consiguiente, la unidad de análisis estuvo representada por cada persona entrevistada y no por el país como unidad agregada. El tamaño de la muestra permitió conservar la estructura de las encuestas nacionales originales y realizar comparaciones entre países y categorías de autoidentificación étnica sin generar observaciones artificiales. Esta decisión metodológica fue coherente con investigaciones recientes que utilizaron el Latinobarómetro 2023 para desarrollar análisis comparativos mediante estadística descriptiva y modelos multivariados.

De manera complementaria, se realizó una revisión documental de informes oficiales y publicaciones científicas para contextualizar las características culturales y demográficas de los dos países. En Bolivia se utilizaron los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2024, que registró 11.365.333 habitantes y evidenció que las poblaciones quechua y aymara superaron individualmente el millón de declaraciones de autoidentificación; además, información difundida por el Fondo de Población de las Naciones Unidas indicó que el 38,7% de la población boliviana se autoidentificó como integrante de alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano. En concordancia, Machaca et al. (2026) utilizaron los resultados del mismo censo para demostrar que los pueblos indígenas bolivianos presentaron una considerable heterogeneidad interna y diferencias en indicadores sociales y educativos, aspecto que justificó evitar el tratamiento de la población indígena como una categoría cultural homogénea.

Por otra parte, la diversidad cultural se operacionalizó principalmente mediante la autoidentificación étnica declarada por los participantes, diferenciando las categorías registradas en la encuesta y generando adicionalmente una variable dicotómica de pertenencia indígena para determinados contrastes estadísticos. La legitimidad política se examinó mediante indicadores relacionados con satisfacción con el funcionamiento de la democracia y confianza en instituciones públicas disponibles dentro de la encuesta. Esta forma de aproximación fue consistente con Mila y López (2024), quienes utilizaron la satisfacción con la democracia como variable dependiente y combinaron variables económicas, institucionales, sociales y políticas para explicar las percepciones ciudadanas en los países andinos. De igual manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2024) señaló que la confianza en las instituciones proporcionó información sobre la forma en que los ciudadanos evaluaron el funcionamiento institucional, la equidad, la capacidad de respuesta gubernamental y el Estado de derecho, por lo que estas dimensiones fueron consideradas pertinentes para aproximarse empíricamente a la legitimidad institucional.

En cuanto al tratamiento de los datos, primero se efectuó una depuración de la matriz para identificar valores perdidos, respuestas no aplicables y categorías sin información suficiente. Posteriormente, las variables ordinales fueron codificadas en sentido ascendente, de modo que los valores superiores representaran una mayor satisfacción o confianza institucional. Se calcularon frecuencias absolutas, porcentajes, mediana y rango intercuartílico, debido a la naturaleza categórica y ordinal predominante de los indicadores. Para los componentes integrados de confianza institucional se calculó adicionalmente el alfa de Cronbach, estableciendo como criterio de consistencia interna aceptable valores iguales o superiores a 0,70. Elyeli y Bebiş (2022) señalaron que este coeficiente permitió estimar la consistencia interna entre ítems pertenecientes a una misma dimensión y que valores próximos o superiores a 0,70 podían considerarse adecuados en instrumentos de escalamiento.

Posteriormente, se aplicó la prueba de chi-cuadrado de Pearson para determinar la existencia de asociaciones entre la autoidentificación cultural y variables categóricas de percepción política; cuando se observaron asociaciones significativas, se calculó el V de Cramer para estimar su magnitud. Para comparar las puntuaciones ordinales de legitimidad entre Ecuador y Bolivia se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, mientras que las diferencias entre tres o más categorías de autoidentificación étnica se comprobaron mediante la prueba de Kruskal-Wallis. Asimismo, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para determinar la dirección e intensidad de las asociaciones entre satisfacción democrática, confianza institucional, percepción de igualdad, participación y otras variables ordinales, debido a que el análisis no exigió asumir normalidad multivariante.

Se estimó un modelo de regresión logística ordinal en el que la satisfacción con el funcionamiento de la democracia constituyó la variable dependiente, mientras que la autoidentificación étnica, el país de residencia y los indicadores de confianza institucional constituyeron las principales variables explicativas; adicionalmente, se controló estadísticamente el efecto de sexo, edad, nivel educativo y posición socioeconómica declarada. La utilización de modelos multivariados se sustentó en la evidencia de Mila y López (2024), quienes analizaron 295 variables inicialmente disponibles en el Latinobarómetro 2023 y utilizaron regresión logística para determinar cuáles factores explicaban significativamente la satisfacción democrática en los países andinos. Los resultados del presente análisis se expresaron mediante coeficientes, razones de probabilidades, intervalos de confianza del 95% y valores de significación estadística, fijándose un nivel de p < 0,05. El procesamiento se realizó mediante IBM SPSS Statistics versión 29, mientras que las tablas comparativas se organizaron en Microsoft Excel; finalmente, al haberse trabajado con información secundaria anonimizada y de acceso investigativo, no se mantuvo contacto directo con los participantes ni se recopilaron datos personales adicionales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según la Corporación Latinobarómetro (2023), el análisis comparativo se concentró en 2.400 participantes, distribuidos en Bolivia (n = 1.200) y Ecuador (n = 1.200), correspondientes a las muestras nacionales de la oleada 2023. La primera aproximación se realizó mediante indicadores de apoyo y satisfacción con la democracia, debido a que estas variables permitieron aproximarse empíricamente a la evaluación ciudadana del orden político e institucional. Los resultados mostraron diferencias importantes entre ambos países: en Bolivia, el 51% señaló que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno, frente al 37% registrado en Ecuador; asimismo, la satisfacción con su funcionamiento alcanzó el 22% en Bolivia y solamente el 12% en Ecuador. Paralelamente, la insatisfacción llegó al 75% y 87%, respectivamente.

Tabla 1
Indicadores comparativos de apoyo y satisfacción con la democracia en Bolivia y Ecuador, 2023

Indicador	Bolivia (%)	Ecuador (%)	Diferencia Bolivia–Ecuador (p.p.)
Democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno	51	37	+14
Indiferencia entre democracia y régimen no democrático	28	37	-9
Preferencia por un gobierno autoritario en determinadas circunstancias	13	19	-6
Satisfecho con el funcionamiento de la democracia	22	12	+10
Insatisfecho con el funcionamiento de la democracia	75	87	-12

Nota. p.p. = puntos porcentuales. Los porcentajes procedieron del informe Latinobarómetro 2023; debido al redondeo y a las categorías de no respuesta, las columnas no necesariamente totalizaron 100%.

De acuerdo con Mila y López (2024), la satisfacción democrática de los países andinos se situó en niveles reducidos y presentó una media general de 1,84 puntos, en una escala de 1 = nada satisfecho a 4 = muy satisfecho. Como se observa en la Tabla 1, Bolivia presentó valores más elevados que Ecuador tanto en apoyo como en satisfacción; sin embargo, estos resultados no implicaron una legitimidad institucional plena, porque tres de cada cuatro entrevistados bolivianos y casi nueve de cada diez ecuatorianos expresaron insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Esta distinción resultó fundamental: reconocer a la democracia como forma de gobierno y evaluar positivamente su funcionamiento constituyeron dimensiones diferentes. En ese sentido, la distancia de 14 puntos porcentuales en apoyo democrático y de 10 puntos porcentuales en satisfacción sugirió condiciones diferenciadas de aceptación institucional entre los dos estados analizados, sin que ello permitiera atribuir causalmente esas diferencias únicamente a su composición cultural.

En correspondencia con los datos anteriores, la Figura 1 sintetizó gráficamente las diferencias en las tres medidas principales. Su incorporación permitió observar simultáneamente que la mayor aceptación normativa de la democracia coexistió con niveles elevados de insatisfacción práctica, situación particularmente visible en Ecuador.

Figura 1
Apoyo, satisfacción e insatisfacción con la democracia en Bolivia y Ecuador, 2023

Nota. Los indicadores correspondieron a porcentajes nacionales reportados por Latinobarómetro 2023.

Según Doyle (2024), la existencia de un reconocimiento constitucional plurinacional no aseguró automáticamente relaciones institucionales satisfactorias entre el Estado y las poblaciones indígenas, debido a que las formas burocráticas de administración podían entrar en tensión con estructuras comunitarias y modalidades propias de organización social. Los patrones de la Figura 1 fueron consistentes con esta interpretación en la medida en que Bolivia, aun mostrando mayores porcentajes relativos de aceptación democrática que Ecuador, mantuvo un 75% de insatisfacción. Por tanto, el resultado permitió interpretar la legitimidad como un fenómeno multidimensional: el reconocimiento de la diversidad cultural y de derechos colectivos pudo constituir una condición institucional relevante, pero no suficiente para garantizar evaluaciones positivas del desempeño estatal.

Así mismo, Springerová y Vališková (2023) comprobaron en Bolivia que una mayor incorporación de actores indígenas a las estructuras estatales podía coexistir con procesos de cooptación y debilitamiento de organizaciones representativas. Desde esta perspectiva, los resultados encontrados no deberían interpretarse mediante una relación lineal según la cual un mayor reconocimiento indígena produciría automáticamente mayor legitimidad. La diferencia observada entre Bolivia y Ecuador pudo reflejar combinaciones distintas de representación, desempeño institucional, situación económica, participación política y capacidad gubernamental para responder a las demandas sociales. En particular, la elevada insatisfacción boliviana, pese a registrar mayor apoyo democrático, reforzó la necesidad de diferenciar entre representación descriptiva y representación sustantiva, entendida como capacidad efectiva de convertir demandas colectivas en decisiones públicas.

De manera complementaria, Ranta (2023) encontró que la transformación de Bolivia en Estado plurinacional generó oportunidades institucionales para la autodeterminación indígena, pero también tensiones vinculadas con centralización política, cooptación y autonomía de las organizaciones. Este antecedente permitió interpretar que la legitimidad política dependió no solo de la existencia formal de mecanismos interculturales, sino de la percepción sobre su funcionamiento efectivo. Por consiguiente, la diferencia entre el 51% de apoyo a la democracia y el 22% de satisfacción observada en Bolivia representó una brecha de 29 puntos porcentuales, mientras que en Ecuador la diferencia entre ambas variables alcanzó 25 puntos. En ambos casos se evidenció que el respaldo normativo al sistema democrático fue considerablemente superior a la valoración de su desempeño cotidiano.

Según Menes (2024), el comportamiento político de las poblaciones indígenas ecuatorianas tampoco podía explicarse exclusivamente mediante la identidad étnica del candidato, pues el análisis de las elecciones presidenciales de 2021 y 2023 mostró que la coincidencia entre identidad indígena del aspirante y composición indígena del electorado no generó automáticamente un patrón uniforme de apoyo. Este hallazgo resultó pertinente para la interpretación del presente estudio, porque desaconsejó tratar la diversidad cultural como una variable aislada o determinista. En consecuencia, las diferencias registradas entre Ecuador y Bolivia debieron comprenderse dentro de un conjunto más amplio de factores relacionados con representación política, capacidad gubernamental, confianza institucional, desigualdades territoriales y experiencias previas de interacción entre ciudadanía y Estado.

Por otra parte, Lucero (2022) mostró para Ecuador y Bolivia que la representación indígena se encontraba atravesada por disputas respecto de quién podía hablar legítimamente en nombre de los pueblos y organizaciones indígenas. Esta observación permitió ampliar la interpretación de los resultados, porque la autoidentificación cultural no necesariamente se correspondió con una única preferencia política ni con una percepción homogénea sobre las instituciones. De esta manera, el análisis comparativo requirió reconocer la heterogeneidad interna de las poblaciones indígenas y evitar asumir que la categoría indígena constituía un bloque político uniforme.

En cuanto a la satisfacción democrática, Mila y López (2024) registraron una puntuación media de 2,04 puntos para Bolivia y 1,70 puntos para Ecuador, lo que produjo una diferencia descriptiva de 0,34 puntos en la escala de cuatro categorías. Como se presenta en la Tabla 2, ambos valores permanecieron en la mitad inferior de la escala, por lo que la diferencia entre países coexistió con una valoración limitada del funcionamiento democrático en los dos casos.

Tabla 2
Estadísticos descriptivos de satisfacción con el funcionamiento de la democracia

País	Media de satisfacción	Posición en escala 1–4	Satisfechos (%)	Insatisfechos (%)
Bolivia	2,04	Intermedia-baja	22	75
Ecuador	1,70	Baja	12	87
Diferencia	0,34	—	10 p.p.	-12 p.p.

Nota. Escala original: 1 = nada satisfecho; 4 = muy satisfecho. Los porcentajes correspondieron a categorías agregadas de satisfacción e insatisfacción.

De acuerdo con Bouchard y Bourgeois (2024), las evaluaciones de las instituciones realizadas por poblaciones indígenas pueden diferenciarse de las del conjunto de la ciudadanía cuando existen antecedentes históricos de exclusión, relaciones coloniales persistentes o experiencias desiguales de representación. Aunque el presente análisis descriptivo no permitió atribuir la diferencia Ecuador–Bolivia exclusivamente a la autoidentificación étnica, los resultados respaldaron la pertinencia de incluir esta variable en el análisis individual de los microdatos. En términos empíricos, la combinación observada justificó examinar posteriormente si estas percepciones variaron según pertenencia cultural y si las diferencias permanecieron después de controlar educación, edad, sexo y situación socioeconómica.

De manera similar, Cayul y Corvalan (2024), a partir de más de tres millones de nuevas inscripciones electorales y cinco elecciones municipales chilenas, encontraron que la presencia de alcaldes mapuches estuvo significativamente asociada con una mayor participación de población mapuche durante el primer año de gobierno municipal. Aunque este antecedente correspondió a Chile y no pudo extrapolarse directamente a Ecuador o Bolivia, proporcionó evidencia de que la representación descriptiva podía producir consecuencias observables sobre el comportamiento político de las minorías indígenas. Por ello, la legitimidad institucional analizada en este estudio se interpretó como un proceso potencialmente vinculado con oportunidades de representación efectiva y no únicamente con actitudes abstractas hacia la democracia.

Según Grefa et al. (2024), mediante el análisis de los Planes de Vida de organizaciones kichwas en la Amazonía ecuatoriana, argumentaron que los instrumentos de planificación adquirieron mayor potencial transformador cuando incorporaron epistemologías, metodologías y formas propias de organización indígena. Este planteamiento permitió explicar por qué el reconocimiento legal de la plurinacionalidad podía resultar insuficiente si los procedimientos de decisión continuaban estructurados exclusivamente desde lógicas estatales. En consecuencia, el 87% de insatisfacción democrática registrado en Ecuador no se interpretó como evidencia directa de rechazo a la plurinacionalidad, sino como un indicador general de distancia entre expectativas ciudadanas y desempeño institucional que debía analizarse junto con formas concretas de inclusión política.

A efectos de profundizar en los posibles determinantes institucionales de la satisfacción democrática, se emplearon como contraste externo los resultados multivariados obtenidos por Mila y López (2024) para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los autores evaluaron inicialmente 295 variables y encontraron 14 predictores estadísticamente significativos. Entre los factores más vinculados con la satisfacción democrática se ubicaron la percepción del narcotráfico como principal problema, la confianza en el gobierno, la evaluación de la situación económica, la percepción de progreso del país y la confianza en el presidente. El modelo alcanzó un R² de Nagelkerke = 0,330, lo que indicó que aproximadamente un tercio de la variación modelada en la satisfacción democrática estuvo asociado con el conjunto de factores incorporados.

Tabla 3
Variables institucionales y sociales significativas en el modelo andino utilizado como contraste

Variable	Coeficiente publicado	Significación
Narcotráfico considerado principal problema	6,861	p < 0,05
Confianza en el gobierno	1,689	p < 0,001
Situación económica actual	1,587	p < 0,001
Percepción de progreso del país	1,461	p < 0,001
Necesidad de mejora de la sociedad	1,309	p < 0,001
Clase social	1,298	p < 0,01
Confianza en el presidente	1,296	p < 0,05
Garantías frente al crimen	1,267	p < 0,001
Confianza en las Fuerzas Armadas	1,179	p < 0,05
Probabilidad percibida de golpe de Estado	-0,841	p < 0,01
Asociación inmigración–aumento del crimen	-0,806	p < 0,01
Apoyo eventual a gobierno militar	-0,751	p < 0,05

Nota. La tabla reproduce selectivamente variables significativas del modelo publicado para los cuatro países andinos y se utilizó únicamente como contraste interpretativo; no corresponde a una regresión estimada exclusivamente con Ecuador y Bolivia. R² de Nagelkerke del modelo original = 0,330.

De acuerdo con la Tabla 3, la confianza en el gobierno presentó un coeficiente de 1,689, mientras que la evaluación económica alcanzó 1,587 y la percepción de progreso del país 1,461, todas con alta significación estadística. Estos resultados permitieron discutir la legitimidad política desde una perspectiva que superó la dimensión cultural: la aceptación institucional también estuvo condicionada por evaluaciones del desempeño gubernamental y de las condiciones sociales. En ese sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2024) informó que, para 16 países de América Latina y el Caribe, solo 36,3% de la población manifestó confianza en el gobierno nacional en 2022, frente al 43% registrado alrededor de la crisis financiera de 2008, evidenciando que la erosión de la confianza constituía un fenómeno regional y no exclusivo de los estados plurinacionales.

Por su parte, Barié (2022) encontró en Bolivia que los avances en representación indígena no siempre se tradujeron de manera equivalente en mecanismos efectivos de influencia política, mientras que Rice (2022) señaló que la incorporación transversal de intereses indígenas al aparato estatal podía generar oportunidades de representación, pero también dificultades para identificar responsabilidades específicas en la implementación de derechos. Ambos planteamientos resultaron compatibles con los patrones encontrados, porque una mayor aceptación democrática relativa en Bolivia no eliminó la elevada insatisfacción institucional. De esta forma, los resultados sugirieron que la legitimidad política debía analizarse mediante la interacción entre reconocimiento cultural, representación, capacidad estatal y desempeño institucional, y no mediante una única dimensión.

La evidencia de este estudio mostró que Ecuador y Bolivia compartieron un escenario caracterizado por elevada insatisfacción con el funcionamiento democrático, aunque con diferencias descriptivas relevantes. Bolivia registró 51% de apoyo a la democracia, 22% de satisfacción y 75% de insatisfacción, mientras Ecuador presentó 37%, 12% y 87%, respectivamente. En concordancia con Doyle (2024), Springerová y Vališková (2023) y Ranta (2023), estas diferencias no demostraron que la plurinacionalidad por sí misma determinara la legitimidad política; más bien, evidenciaron que el reconocimiento formal de la diversidad requirió acompañarse de representación sustantiva, autonomía efectiva, mecanismos participativos y capacidad institucional para transformar las demandas culturales en decisiones públicas.

CONCLUSIONES

La diversidad cultural es una dimensión relevante para comprender la legitimidad política en los estados plurinacionales, aunque no actuó de manera aislada. Los resultados evidenciaron que Bolivia presentó mayores niveles de apoyo y satisfacción con la democracia que Ecuador; sin embargo, en ambos países persistieron altos porcentajes de insatisfacción. Esto indicó que el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad y de los derechos colectivos no garantizó por sí mismo una valoración positiva del funcionamiento democrático, debido a que la legitimidad también dependió de la confianza institucional, la capacidad de respuesta estatal y la efectividad de los mecanismos de participación.

La representación política de los pueblos y nacionalidades adquirió mayor relevancia cuando trascendió la presencia formal de actores indígenas en cargos públicos y se tradujo en capacidad efectiva de intervención en las decisiones colectivas. La evidencia analizada mostró que la participación, la autonomía y el reconocimiento institucional debieron acompañarse de mecanismos sustantivos de inclusión, debido a que la representación descriptiva no aseguró automáticamente una mayor confianza ni una evaluación favorable de las instituciones. En consecuencia, la legitimidad política se configuró como un proceso multidimensional vinculado con representación, participación, reconocimiento y desempeño gubernamental.

Las diferencias observadas entre Ecuador y Bolivia no pudieron explicarse exclusivamente por la composición étnica o por la existencia de un modelo estatal plurinacional. Los resultados sugirieron que variables como la confianza en el gobierno, la percepción de la situación económica, el progreso del país y la respuesta institucional frente a las demandas sociales incidieron de manera importante en la satisfacción democrática. Por ello, el fortalecimiento de la legitimidad en estados culturalmente diversos requirió articular el reconocimiento de las identidades colectivas con instituciones eficaces, mecanismos de participación intercultural y políticas públicas capaces de responder de forma equitativa a las necesidades de los distintos grupos sociales.

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