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Capacidad redistributiva y legitimidad institucional de las políticas sociales ecuatorianas
Redistributive capacity and institutional legitimacy of Ecuadorian social policies
Carlos Artemidoro Zea Barahona1
Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador
carlos.zea@unesum.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-7546-7148
Karol Scarleth Mize Salvatierra2
Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador
mize-karol8190@unesum.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-8533-2077
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Cómo citar: Zea Barahona, C. A., & Mize Salvatierra, K. S. (2026). Capacidad redistributiva y legitimidad institucional de las políticas sociales ecuatorianas. Visión Académica, 4(4), 281-299. https://doi.org/10.70577/24946076 |
Fecha de recepción: 2026-07-10
Fecha de aceptación: 2026-09-02
Fecha de publicación: 2026-10-30 |
RESUMEN
Las políticas sociales ecuatorianas enfrentan desafíos relacionados con la persistencia de desigualdades territoriales, la distribución de recursos públicos y la limitada confianza ciudadana en las instituciones estatales. El objetivo del estudio fue analizar la capacidad redistributiva y la legitimidad institucional de las políticas sociales ecuatorianas, considerando indicadores socioeconómicos y percepciones ciudadanas. Se desarrolló una investigación de enfoque mixto, diseño no experimental, longitudinal retrospectivo y alcance descriptivo-correlacional, mediante revisión documental y análisis estadístico de información oficial correspondiente a 2024-2025. La población comprendió 24 provincias y la muestra incluyó 23 provincias continentales. Los resultados evidenciaron que la pobreza nacional disminuyó del 28,0% al 21,4%, mientras que la pobreza extrema pasó del 12,7% al 8,3%. Sin embargo, el coeficiente de Gini aumentó de 0,463 a 0,470 y persistieron desigualdades provinciales (r = 0,879; p < 0,001). La confianza ciudadana alcanzó el 27% en el gobierno y el 18% en el Poder Judicial. Se concluyó que las variaciones favorables de pobreza coexistieron con desigualdades territoriales y limitada confianza institucional, sin evidencia suficiente para establecer una relación causal entre ambas dimensiones.
Palabras clave: Confianza ciudadana, desigualdad económica, legitimidad institucional, políticas sociales, redistribución del ingreso.
ABSTRACT
Ecuadorian social policies face challenges related to persistent territorial inequalities, the distribution of public resources, and limited public trust in state institutions. The study aimed to analyze the redistributive capacity and institutional legitimacy of Ecuadorian social policies, taking into account socioeconomic indicators and public perceptions. A mixed-methods study was conducted using a non-experimental, retrospective longitudinal design and a descriptive-correlational scope, involving a document review and statistical analysis of official data from 2024–2025. The population comprised 24 provinces, and the sample included the 23 mainland provinces. The results showed that national poverty decreased from 28.0% to 21.4%, while extreme poverty fell from 12.7% to 8.3%. However, the Gini coefficient rose from 0.463 to 0.470, and provincial inequalities persisted (r = 0.879; p < 0.001). Public trust stood at 27% for the government and 18% for the judiciary. The study concluded that favorable changes in poverty levels coexisted with territorial inequalities and limited institutional trust, with insufficient evidence to establish a causal relationship between the two dimensions.
Keywords: Public trust, economic inequality, institutional legitimacy, social policies, income redistribution.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2025), la desigualdad económica continúa representando uno de los principales desafíos estructurales de América Latina, donde el 10% de la población con mayores ingresos concentra el 34,2% del ingreso total, mientras que el 10 % más pobre recibe apenas el 1,7%. Así mismo, el organismo señala que la pobreza monetaria regional disminuyó del 27,7% en 2023 al 25,5% en 2024, aunque persisten diferencias relacionadas con el acceso a servicios públicos, oportunidades laborales y mecanismos de protección social. En este contexto, las políticas redistributivas constituyen instrumentos de intervención estatal orientados a disminuir las brechas socioeconómicas mediante transferencias monetarias, prestaciones sociales y sistemas tributarios progresivos. Por su parte, Barrientos (2025) sostiene que los sistemas latinoamericanos de protección social presentan desigualdades persistentes en su cobertura y provisión, debido a la coexistencia de mecanismos contributivos y no contributivos que no siempre garantizan condiciones homogéneas de acceso a los beneficios sociales.
En concordancia con lo anterior, Stampini et al. (2025), mediante una investigación sobre 67 programas de transferencias monetarias no contributivas en 17 países de América Latina y el Caribe, determinaron que estas prestaciones alcanzaban aproximadamente al 55% de la población en situación de pobreza y que sus montos representaban alrededor del 33% de la brecha de pobreza. También, identificaron que las transferencias reducían la incidencia regional de pobreza del 31,3% al 29,3% en los escenarios analizados, lo que evidencia su contribución redistributiva, pero también las restricciones asociadas con la insuficiencia de recursos y cobertura. Desde otra perspectiva, Vlaicu (2024), en una investigación publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo, identifica que los factores de gobernanza, particularmente la confianza ciudadana, las características institucionales y la capacidad de respuesta estatal, se relacionan con el alcance de las políticas redistributivas latinoamericanas. Estos planteamientos permiten comprender que los resultados económicos de la intervención social y la legitimidad de las instituciones públicas constituyen dimensiones relacionadas, aunque requieren indicadores diferenciados para su evaluación.
En el contexto ecuatoriano, Jara et al. (2025) analizaron la contribución de las reformas tributarias y de transferencias sociales a la reducción de la pobreza y desigualdad durante el período 2003-2022, mediante modelos de microsimulación y descomposición de distribuciones contrafactuales. Los autores determinaron que las reformas implementadas entre 2003 y 2020 contribuyeron a disminuir ambos indicadores, aunque su incidencia sobre la desigualdad fue estadísticamente significativa principalmente entre 2003 y 2008. Adicionalmente, establecieron que la recuperación económica posterior a la pandemia respondió fundamentalmente al mejoramiento de los ingresos de mercado, mientras que la contribución redistributiva de las reformas fiscales fue prácticamente nula durante 2020-2022. Por consiguiente, estos resultados plantean la necesidad de examinar la sostenibilidad y efectividad de los instrumentos estatales de redistribución, considerando tanto los cambios económicos como la capacidad institucional para garantizar el acceso equitativo a los programas sociales.
De manera complementaria, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2026) informó que la pobreza por ingresos en Ecuador disminuyó del 28,0% en diciembre de 2024 al 21,4% en diciembre de 2025, mientras que la pobreza extrema pasó del 12,7% al 8,3% durante el mismo período. Sin embargo, las diferencias territoriales continúan siendo significativas, puesto que la pobreza rural alcanzó el 37,6%, frente al 13,8% registrado en las áreas urbanas. En cuanto a la pobreza extrema, los indicadores fueron del 19,7% y 3,0%, respectivamente. Estas cifras muestran que, pese a la reducción de la pobreza monetaria, persisten desigualdades territoriales que justifican examinar el alcance redistributivo de las políticas sociales, sin atribuir automáticamente la evolución de los indicadores a una intervención estatal específica.
Por otra parte, Meza (2024) señala que la toma de decisiones y la dimensión ética de los programas de transferencias monetarias constituyen elementos relevantes para comprender la implementación del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador, considerando su finalidad de aliviar la pobreza inmediata y promover inversiones en capital humano mediante acciones vinculadas con la educación, salud y emprendimiento. A partir de esta perspectiva, la legitimidad institucional puede examinarse mediante la confianza ciudadana, la transparencia, la equidad en la asignación de beneficios y la percepción sobre el cumplimiento de las responsabilidades estatales. En consecuencia, resulta pertinente analizar si la distribución de los recursos públicos se encuentra acompañada de condiciones institucionales que favorezcan la aceptación social de las políticas implementadas, especialmente entre los grupos poblacionales expuestos a mayores condiciones de vulnerabilidad económica.
A partir de los antecedentes expuestos, la investigación plantea la siguiente interrogante: ¿De qué manera se relaciona la capacidad redistributiva de las políticas sociales ecuatorianas con la legitimidad institucional del Estado, considerando sus resultados en la reducción de la pobreza, la desigualdad económica y la confianza ciudadana? En correspondencia, el objetivo del estudio consiste en analizar la capacidad redistributiva y la legitimidad institucional de las políticas sociales ecuatorianas, mediante el examen de indicadores socioeconómicos, mecanismos de protección social y factores asociados con la confianza ciudadana, con la finalidad de comprender su relación con la equidad distributiva y el fortalecimiento de la institucionalidad pública.
Arquitectura fiscal y mecanismos de protección social
De acuerdo con Lustig et al. (2025), la arquitectura fiscal comprende el conjunto de instrumentos tributarios y de gasto público mediante los cuales el Estado interviene en la distribución de los recursos económicos. En una investigación desarrollada en 18 países de América Latina y el Caribe, los autores determinaron que los sistemas fiscales reducen la desigualdad de ingresos, aunque en nueve países la intervención fiscal incrementa la pobreza monetaria bajo los criterios de ingreso utilizados en el estudio. Esta diferencia evidencia que la disminución de la desigualdad no necesariamente garantiza una mejora económica para todos los hogares, por lo que resulta indispensable examinar conjuntamente los efectos de los impuestos, las transferencias monetarias y los servicios públicos.
En correspondencia con lo anterior, Pessino et al. (2025), mediante un análisis de incidencia tributaria en diez países latinoamericanos, establecieron que los impuestos directos presentan efectos predominantemente progresivos, mientras que los indirectos pueden representar una carga proporcionalmente mayor para los hogares de menores ingresos. Los investigadores identificaron que las estructuras tributarias regionales dependen considerablemente de los impuestos al consumo y presentan limitaciones asociadas con la evasión, informalidad y reducida recaudación del impuesto sobre la renta personal.
Desde otra perspectiva, Antía et al. (2024) analizaron los mecanismos de condicionalidad de los programas de transferencias monetarias en 16 países latinoamericanos durante el período 1997-2019. Sus resultados demostraron que los requisitos de acceso, los procedimientos de seguimiento y las sanciones presentan diferencias significativas entre programas y países. Esta heterogeneidad permite comprender que la protección social no depende exclusivamente de la asignación presupuestaria, sino también de las reglas administrativas que determinan quiénes reciben los beneficios, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo.
Por su parte, Amarante et al. (2025), a partir de información correspondiente a 17 países latinoamericanos durante 2002 y 2022, identificaron diferencias entre la cobertura normativa de las políticas familiares y su aplicación efectiva. Los autores examinaron las licencias de maternidad, los servicios de cuidado infantil y las transferencias económicas destinadas a familias con hijos, determinando que la informalidad laboral, las restricciones presupuestarias y los montos insuficientes limitan el acceso efectivo a las prestaciones.
Por otra parte, Vargas y Velasco (2025) estudiaron la expansión de programas sociales y laborales en 17 países latinoamericanos durante la pandemia de COVID-19, identificando diferencias en la ampliación de cobertura y generosidad de las prestaciones, especialmente respecto de los trabajadores informales. El estudio evidencia que las crisis económicas y sanitarias pueden requerir ajustes en los mecanismos de asistencia preexistentes para incorporar grupos que no se encuentran protegidos por los sistemas contributivos tradicionales. En este sentido, la adaptabilidad administrativa y presupuestaria constituye una dimensión importante para examinar la respuesta de los sistemas de protección social frente a situaciones de vulnerabilidad extraordinaria.
En relación con las prestaciones previsionales, Altamirano et al. (2025) analizaron los subsidios implícitos de los sistemas de pensiones latinoamericanos y encontraron diferencias entre su diseño normativo y sus resultados distributivos. Aunque los sistemas pueden establecer tasas de reemplazo proporcionalmente mayores para trabajadores de bajos ingresos, los requisitos mínimos de cotización excluyen a numerosas personas con trayectorias laborales intermitentes. Los investigadores identificaron que los beneficios absolutos pueden concentrarse en trabajadores de mayores ingresos, evidenciando que los mecanismos contributivos requieren ser examinados considerando la informalidad y las desigualdades existentes en el mercado laboral.
Para Arellano y Alejandro (2024), mediante una investigación sobre la redistribución fiscal y desigualdad del ingreso en las sociedades ecuatorianas durante 2022, analizaron el papel de los impuestos y transferencias en la distribución económica. Los autores destacan la importancia de la administración tributaria, la disponibilidad de recursos fiscales y la focalización de las transferencias para comprender los efectos distributivos del sistema. Desde esta perspectiva, el estudio de las políticas sociales ecuatorianas requiere considerar la articulación entre recaudación, asignación presupuestaria y mecanismos de protección económica, evitando analizar las prestaciones sociales de manera aislada de sus fuentes de financiamiento.
Confianza ciudadana, justicia distributiva y funcionamiento de las instituciones públicas
Según Bird et al. (2022), la confianza en las instituciones públicas constituye un elemento relacionado con el cumplimiento de las disposiciones estatales y la respuesta ciudadana frente a situaciones de emergencia. Mediante un estudio sobre América Latina durante la pandemia de COVID-19, los investigadores examinaron la relación entre confianza política, protección social y cumplimiento de las restricciones de movilidad, encontrando que estas variables interactúan con las condiciones económicas de los hogares. Sus resultados permiten comprender que la confianza institucional no opera de manera independiente de las experiencias materiales de la ciudadanía, sino que puede relacionarse con el acceso a mecanismos de asistencia y con las percepciones sobre la actuación estatal.
En este mismo sentido, Hauk et al. (2022) investigaron la relación entre las percepciones de corrupción y el respaldo ciudadano a la redistribución económica en América Latina. Los autores identificaron dos mecanismos diferenciados: por una parte, la percepción de corrupción puede incrementar la demanda de redistribución debido a sus efectos sobre la desigualdad económica; por otra, puede disminuir la confianza en el gobierno y reducir el apoyo a su intervención redistributiva. En los datos analizados predominó el primer mecanismo, aunque también se encontró evidencia del segundo. Estos resultados muestran que la percepción de justicia distributiva y la confianza en las autoridades no necesariamente evolucionan en una misma dirección.
De manera complementaria, Lasarga y Leiter (2022), mediante información de Latinobarómetro correspondiente al período 2009-2018, examinaron cómo las expectativas de movilidad social influyen en las preferencias ciudadanas sobre redistribución económica. Sus hallazgos respaldaron la hipótesis de que las personas que anticipan posibilidades de mejorar su posición económica pueden manifestar menores preferencias por la redistribución, aunque los resultados presentan variaciones entre países. Además, identificaron relaciones con la movilidad intergeneracional y la calidad institucional, lo que permite comprender que las actitudes frente a la intervención social del Estado están vinculadas tanto con la situación económica presente como con las expectativas sobre las oportunidades futuras.
Por su parte, Busso et al. (2025) analizaron las preferencias redistributivas mediante una encuesta aplicada en ocho países latinoamericanos, identificando que las percepciones de desigualdad, los intereses económicos individuales, los valores personales y la relación entre ciudadanía e instituciones públicas intervienen en la formación de actitudes frente a los impuestos y el gasto social. La investigación aporta elementos para comprender que la aceptación de las políticas redistributivas no depende únicamente de sus efectos económicos observables, sino también de las percepciones ciudadanas sobre la distribución de responsabilidades y beneficios. Desde esta perspectiva, la evaluación de las políticas sociales ecuatorianas puede incorporar dimensiones relacionadas con la percepción de equidad, el conocimiento de los programas y la confianza en las instituciones responsables de implementarlos.
En concordancia con este planteamiento, Gamboa (2025) examinó la relación entre confianza gubernamental, satisfacción económica y satisfacción con la democracia en América Latina, utilizando información de Latinobarómetro correspondiente al período 2013-2023. El estudio aborda la influencia de las evaluaciones económicas y las orientaciones ideológicas en las percepciones ciudadanas sobre el desempeño institucional. Estos elementos permiten comprender que la valoración de una política pública puede responder tanto a resultados materiales como a factores relacionados con las expectativas y experiencias de los individuos, por lo que resulta necesario diferenciar la satisfacción con una prestación social de la confianza general en el gobierno.
Desde el ámbito de la organización institucional, Guizz et al. (2025) examinaron la relación entre el tamaño del sector público, la redistribución fiscal y la eficiencia de la intervención estatal en América Latina y el Caribe. Los autores desarrollaron un marco de análisis que integra diferentes factores de economía política para explicar por qué los países presentan combinaciones distintas de gasto público, redistribución y eficiencia. Su investigación permite comprender que la disponibilidad de recursos económicos constituye una condición importante, pero no suficiente, para explicar los resultados de la intervención pública, debido a que estos también dependen de las características organizativas e institucionales de cada país.
Adicionalmente, Fergusson et al. (2025), mediante una investigación sobre Colombia, analizaron la interacción entre desigualdad económica y desigualdad política, identificando que las condiciones iniciales de concentración económica pueden influir en el funcionamiento de las instituciones locales y en los resultados de las políticas públicas. Los investigadores encontraron que las desigualdades preexistentes pueden generar barreras para el fortalecimiento de las capacidades estatales y para la implementación de medidas orientadas a reducir las brechas sociales. Aunque estos resultados corresponden al contexto colombiano, aportan un referente comparativo para examinar cómo las condiciones estructurales pueden relacionarse con la capacidad de respuesta de las instituciones ecuatorianas.
Por último, Lupu (2025) examinó la relación entre institucionalización de los partidos políticos y desigualdad económica en América Latina, identificando asociaciones entre la estabilidad de los sistemas partidarios, la representación ciudadana y el desarrollo de políticas redistributivas amplias. El autor sostiene que las dificultades para establecer compromisos institucionales sostenidos pueden limitar la continuidad de las intervenciones públicas orientadas a disminuir la desigualdad.
MATERIALES Y MÉTODOS
De acuerdo con Jara y Palacio (2024), el análisis de los sistemas de protección social requirió integrar información socioeconómica y herramientas cuantitativas que permitieran examinar los efectos de las transferencias públicas sobre los ingresos de los hogares. En correspondencia, la investigación se estructuró bajo un enfoque mixto, de diseño no experimental, longitudinal retrospectivo y alcance descriptivo-correlacional, debido a que se buscó examinar la capacidad redistributiva de las políticas sociales ecuatorianas y su relación con la legitimidad institucional, sin manipular las variables estudiadas. Se emplearon los métodos: deductivo, analítico-sintético y comparativo para interpretar los fundamentos de la redistribución económica, identificar diferencias territoriales y contrastar los resultados de la intervención estatal. El período de análisis comprendió los años 2024-2025, y se complementó con publicaciones científicas de 2022-2026. La población territorial estuvo constituida por las 24 provincias del Ecuador, mientras que la muestra se delimitó a las 23 provincias continentales, mediante un muestreo no probabilístico por criterio de disponibilidad y comparabilidad de información. De esta manera, se establecieron 46 unidades de observación provincia-año, correspondientes a los dos períodos examinados. Galápagos se excluyó del análisis provincial comparativo, debido a las particularidades de cobertura estadística de las fuentes utilizadas. Se consideraron como criterios de inclusión la disponibilidad de estadísticas oficiales de pobreza, desigualdad y protección social, así como la existencia de información administrativa verificable sobre los programas estatales de transferencias monetarias.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2026) documentó que la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo anual de 2025 contó con una muestra de 108.192 viviendas, lo que proporcionó una fuente estadística para examinar las condiciones laborales y socioeconómicas de la población ecuatoriana. A partir de ello, la investigación contempló la revisión documental y el análisis de datos secundarios procedentes del INEC, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Banco Mundial. Se seleccionaron indicadores de pobreza por ingresos, pobreza extrema, desigualdad medida mediante el coeficiente de Gini, pobreza por necesidades básicas insatisfechas, cobertura de bonos y pensiones y asignaciones presupuestarias destinadas a protección social. Para examinar la legitimidad institucional, se incorporó como fuente complementaria Latinobarómetro (2024), particularmente sus indicadores de confianza en el gobierno, satisfacción con la democracia y percepción sobre el funcionamiento de las instituciones públicas. Se estableció una matriz de sistematización documental para registrar los indicadores, años, unidades territoriales, fuentes y resultados, diferenciando la información provincial de las percepciones ciudadanas disponibles a escala nacional.
Así mismo, Jara y Palacio (2024) destacaron la utilidad de los modelos cuantitativos para evaluar las consecuencias distributivas de los programas sociales ecuatorianos, por lo que se definió una estrategia de procesamiento estadístico mediante Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS. Se estableció el uso de estadística descriptiva, mediante frecuencias, porcentajes, medias, desviaciones estándar y variaciones interanuales, para examinar la evolución de los indicadores socioeconómicos y la cobertura de las transferencias monetarias. Se contempló la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson cuando las variables cuantitativas cumplieran los supuestos de normalidad y linealidad, y del coeficiente de Spearman cuando dichos supuestos no se verificarán, adoptando un nivel de significancia de α = 0,05. Para el análisis de la capacidad redistributiva, se consideró la distribución territorial de los beneficios sociales en relación con la incidencia de pobreza, evitando interpretar la cobertura administrativa como una medida directa del efecto causal de las transferencias sobre los ingresos. Se estableció un procedimiento de triangulación entre los resultados estadísticos, los informes institucionales y las investigaciones científicas, con la finalidad de interpretar las relaciones entre protección social, desigualdad económica y confianza ciudadana, reconociendo que las asociaciones observadas no permitían establecer causalidad ni equivalencias automáticas entre los indicadores territoriales y las percepciones nacionales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2026), los indicadores de pobreza y desigualdad permitieron examinar las diferencias territoriales existentes en Ecuador durante 2024-2025. En correspondencia con el diseño metodológico planteado, los resultados se organizaron a partir de las 23 provincias continentales, equivalentes a 46 observaciones provincia-año, y se complementaron con estadísticas nacionales de pobreza, registros institucionales de protección social e información de Latinobarómetro sobre confianza ciudadana. El análisis comprendió la evolución de las condiciones socioeconómicas, la persistencia de las desigualdades provinciales y las percepciones sobre las instituciones públicas.
Es importante precisar que las correlaciones provinciales se calcularon a partir de los datos publicados por el INEC. No se atribuyeron cambios en la pobreza exclusivamente a las transferencias sociales ni se construyeron correlaciones entre confianza institucional y cobertura de bonos sin contar con observaciones territoriales comparables.
Evolución de la pobreza y desigualdad económica en Ecuador
En primera instancia, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2026) registró una disminución de la pobreza por ingresos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar del 28,0% al 21,4%, equivalente a una variación de −6,6 puntos porcentuales. De manera semejante, la pobreza extrema pasó del 12,7% al 8,3%, con una reducción de 4,4 puntos porcentuales. No obstante, las diferencias entre las áreas urbanas y rurales continuaron siendo considerables, especialmente en la pobreza extrema, cuya incidencia rural alcanzó el 19,7% en diciembre de 2025, frente al 3,0% observado en las ciudades. Estos resultados se presentan en la Tabla 1, con el propósito de identificar las variaciones de las condiciones económicas de la población.
Tabla 1
Evolución de la pobreza por ingresos y pobreza extrema en Ecuador,
diciembre de 2024-2025
|
Indicadores |
Diciembre 2024 |
Diciembre 2025 |
Variación (p.p.) |
|
Pobreza nacional |
28,0% |
21,4% |
−6,6 |
|
Pobreza urbana |
20,9% |
13,8% |
−7,1 |
|
Pobreza rural |
43,3% |
37,6% |
−5,7 |
|
Pobreza extrema nacional |
12,7% |
8,3% |
−4,4 |
|
Pobreza extrema urbana |
6,0% |
3,0% |
−3,0 |
|
Pobreza extrema rural |
27,0% |
19,7% |
−7,3 |
Nota. Elaboración propia a partir del INEC (2025, 2026). p.p.: puntos porcentuales. Los valores corresponden a diciembre de cada año, no a promedios anuales.
A partir de los resultados de la Tabla 1, se identificó una disminución de la pobreza monetaria en los tres ámbitos geográficos. Sin embargo, la diferencia entre la pobreza rural y urbana alcanzó los 23,8 puntos porcentuales en diciembre de 2025. Además, la incidencia rural de pobreza extrema fue aproximadamente 6,6 veces la urbana. Estas diferencias evidenciaron la persistencia de condiciones territoriales desiguales y la necesidad de considerar la localización geográfica de los hogares al examinar el alcance de los instrumentos de protección social.
En términos de significancia estadística, el INEC (2026) señaló que la reducción nacional de pobreza por ingresos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 no fue estadísticamente significativa al nivel de confianza del 95%. Por consiguiente, las variaciones de la Tabla 1 se interpretaron como diferencias entre estimaciones puntuales y no como evidencia concluyente de una reducción poblacional generalizable.
Por otra parte, la evolución de la pobreza monetaria se contrastó con el comportamiento del coeficiente de Gini. Según el INEC (2026), este indicador aumentó de 0,463 en diciembre de 2024 a 0,470 en diciembre de 2025. En el área urbana pasó de 0,446 a 0,451, mientras que en la rural se incrementó de 0,463 a 0,474. La Tabla 2 presenta estos resultados y permite distinguir entre los cambios en la incidencia de pobreza y las modificaciones en la distribución relativa del ingreso.
Tabla 2
Comportamiento del coeficiente de Gini en Ecuador, diciembre de
2024-2025
|
Ámbito geográfico |
2024 |
2025 |
Diferencia |
|
Nacional |
0,463 |
0,470 |
+0,007 |
|
Urbano |
0,446 |
0,451 |
+0,005 |
|
Rural |
0,463 |
0,474 |
+0,011 |
Nota. Elaboración propia con información del INEC (2026).
Los resultados de la Tabla 2 mostraron que la reducción observada en la pobreza monetaria coexistió con incrementos puntuales del coeficiente de Gini. Esta situación permitió identificar que la disminución del número relativo de personas bajo la línea de pobreza no necesariamente estuvo acompañada de una distribución más igualitaria del ingreso.
En consecuencia, la capacidad redistributiva de las políticas sociales no pudo determinarse únicamente por la reducción de la pobreza. También resultó necesario considerar la distribución de los beneficios entre los distintos grupos económicos y el efecto neto de los impuestos y transferencias sobre los ingresos de los hogares.
Diferencias provinciales en la distribución de la pobreza
En relación con la dimensión territorial, el INEC (2026) publicó los resultados anuales de pobreza por ingresos de las provincias ecuatorianas correspondientes a 2024 y 2025. Para este análisis se consideraron las 23 provincias continentales, lo que permitió construir una matriz de 46 observaciones provincia-año.
La información reveló diferencias importantes en las condiciones socioeconómicas provinciales. En 2025, Morona Santiago registró una pobreza por ingresos del 74,2%, mientras que Napo alcanzó el 58,6%. En contraste, Tungurahua registró el 11,0%, Pichincha el 11,2% y Azuay el 12,9%. Estas cifras permitieron identificar la heterogeneidad territorial de la pobreza, tal como se presenta en la Tabla 3.
Tabla 3
Distribución provincial de la pobreza por ingresos en Ecuador, 2024-2025
|
Provincia |
2024 (%) |
2025 (%) |
|
Azuay |
12,7 |
12,9 |
|
Bolívar |
40,7 |
27,9 |
|
Cañar |
25,4 |
15,2 |
|
Carchi |
36,7 |
39,6 |
|
Cotopaxi |
37,2 |
23,7 |
|
Chimborazo |
31,2 |
26,3 |
|
El Oro |
12,0 |
15,0 |
|
Esmeraldas |
51,0 |
44,2 |
|
Guayas |
21,0 |
19,8 |
|
Imbabura |
32,1 |
31,8 |
|
Loja |
25,1 |
30,7 |
|
Los Ríos |
21,6 |
22,0 |
|
Manabí |
26,7 |
24,3 |
|
Morona Santiago |
64,6 |
74,2 |
|
Napo |
57,6 |
58,6 |
|
Pastaza |
44,5 |
36,3 |
|
Pichincha |
12,7 |
11,2 |
|
Tungurahua |
12,9 |
11,0 |
|
Zamora Chinchipe |
34,0 |
27,7 |
|
Sucumbíos |
58,3 |
46,7 |
|
Orellana |
76,2 |
44,2 |
|
Santo Domingo de los Tsáchilas |
22,3 |
14,6 |
|
Santa Elena |
35,0 |
29,8 |
Nota. Elaboración propia a partir de la ENEMDU anual 2025, publicada por el INEC (2026). Se excluyó Galápagos conforme a la delimitación metodológica del estudio. Los indicadores son estimaciones anuales, por lo que no deben confundirse con los correspondientes a diciembre.
A partir de los valores presentados en la Tabla 3, se calcularon los estadísticos descriptivos de las 23 provincias. El promedio provincial no ponderado de pobreza pasó del 34,41% en 2024 al 29,90% en 2025, equivalente a una diferencia de −4,51 puntos porcentuales. La mediana disminuyó del 32,1% al 27,7%. Se identificaron reducciones de pobreza en 16 provincias, mientras que siete presentaron incrementos. Las variaciones provinciales más pronunciadas incluyeron la disminución de Orellana, del 76,2% al 44,2%, y el aumento de Morona Santiago, del 64,6% al 74,2%.
Asimismo, para examinar la relación entre las condiciones territoriales de ambos años, se elaboró un diagrama de dispersión con las tasas provinciales de pobreza. Esta representación permitió observar si las provincias que registraban una mayor incidencia de pobreza en 2024 conservaron niveles relativamente elevados durante 2025, como se presenta en la Figura 1.
Figura 1
Relación entre los niveles provinciales de pobreza por ingresos en
Ecuador, 2024-2025
Nota. Elaboración propia a partir del INEC (2026). Se utilizaron 23 observaciones provinciales emparejadas. La línea discontinua representa la igualdad entre ambos años; los puntos situados debajo de ella corresponden a provincias con menor pobreza estimada en 2025.
La Figura 1 mostró una relación positiva entre los niveles provinciales de pobreza de ambos períodos. Las provincias que presentaban niveles relativamente altos en 2024 tendieron a conservar valores elevados en 2025, aunque algunas experimentaron variaciones importantes.
Particularmente, Orellana presentó un desplazamiento considerable respecto de la línea de igualdad, debido a la reducción de su tasa de pobreza. Morona Santiago, por su parte, se situó por encima de dicha línea, reflejando el incremento registrado durante el período. Estos resultados sugirieron persistencia en las diferencias territoriales, sin que ello implique que todas las provincias experimentaron una evolución homogénea.
Análisis estadístico de la persistencia territorial de la pobreza
Con la finalidad de complementar el análisis descriptivo, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman utilizando las 23 parejas de tasas provinciales publicadas por el INEC (2026). Ambas pruebas permitieron examinar la asociación entre los niveles de pobreza de 2024 y 2025, considerando tanto su relación lineal como la conservación del orden relativo de las provincias. Los resultados se presentan en la Tabla 4.
Tabla 4
Correlación entre la pobreza provincial por ingresos de 2024 y 2025
|
Prueba estadística |
Coeficiente |
Valor p |
Observaciones |
|
Correlación de Pearson |
0,879 |
< 0,001 |
23 |
|
Correlación de Spearman |
0,896 |
< 0,001 |
23 |
Nota. Cálculos propios a partir de las tasas provinciales publicadas por el INEC (2026). Los valores p son exploratorios y corresponden a las tasas publicadas, tratadas como observaciones provinciales; no incorporan los errores muestrales del diseño complejo de la ENEMDU.
Los resultados de la Tabla 4 evidenciaron una asociación positiva entre las tasas provinciales de pobreza de ambos años. El coeficiente de Pearson alcanzó un valor de 0,879, mientras que el coeficiente de Spearman fue de 0,896. En términos descriptivos, los resultados mostraron que las diferencias territoriales conservaron una estructura relativamente estable, aunque se registraron cambios importantes en determinadas provincias.
Sin embargo, estas correlaciones no midieron la eficacia de las políticas sociales ni su capacidad redistributiva. Su función consistió exclusivamente en identificar la persistencia de las condiciones territoriales de pobreza. Además, no se interpretaron los valores p como una demostración de significancia de los cambios de pobreza entre años, puesto que esa evaluación requirió considerar los errores muestrales y el diseño estadístico de las encuestas originales.
Protección social y persistencia de privaciones socioeconómicas
En cuanto a las condiciones de bienestar, el INEC (2026) informó que, en diciembre de 2025, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanzó el 30,8% de la población ecuatoriana. La incidencia fue del 20,1% en el área urbana y del 53,9% en el área rural, lo que permitió identificar privaciones que trascendieron la insuficiencia de ingresos monetarios.
En concordancia, los resultados anuales de la ENEMDU mostraron que la pobreza multidimensional nacional pasó del 36,8% en 2024 al 37,1% en 2025. Para Manabí, el indicador aumentó del 43,8% al 51,0%, mientras que Morona Santiago registró un incremento del 84,1% al 90,4%. Estas diferencias evidenciaron la coexistencia de variaciones en la pobreza monetaria con la persistencia o ampliación de privaciones en otras dimensiones del bienestar. A partir de lo anterior, se examinó de manera complementaria la evolución de algunos indicadores multidimensionales, según se presenta en la Tabla 5.
Tabla 5
Indicadores complementarios de privación socioeconómica en Ecuador
|
Indicador |
Ámbito |
2024 (%) |
2025 (%) |
|
Pobreza multidimensional anual |
Nacional |
36,8 |
37,1 |
|
Manabí |
43,8 |
51,0 |
|
|
Morona Santiago |
84,1 |
90,4 |
|
|
Pichincha |
12,3 |
15,3 |
|
|
Orellana |
90,6 |
83,7 |
Nota. Elaboración propia a partir de los resultados anuales de la ENEMDU 2025, publicados por el INEC (2026).
Los resultados de la Tabla 5 mostraron que el comportamiento de la pobreza multidimensional fue distinto al de la pobreza por ingresos en determinados territorios. En Manabí, por ejemplo, la pobreza monetaria anual disminuyó del 26,7% al 24,3%, mientras que la pobreza multidimensional aumentó del 43,8% al 51,0%. Esta diferencia evidenció que una modificación favorable del ingreso monetario no implicó necesariamente una reducción simultánea de las privaciones vinculadas con educación, vivienda, servicios básicos y otras condiciones de bienestar. Por consiguiente, el análisis de las políticas sociales ecuatorianas requirió considerar indicadores monetarios y no monetarios para evitar interpretaciones parciales de sus resultados.
De manera complementaria, el Ministerio de Desarrollo Humano (2026) puso a disposición registros administrativos de bonos y pensiones correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que permitieron identificar los programas de transferencias monetarias dirigidos a población en situación de vulnerabilidad. No obstante, los documentos agregados revisados no permitieron establecer una correspondencia directa entre el número de beneficiarios, los cambios provinciales de pobreza y las percepciones ciudadanas de legitimidad institucional. Por esta razón, el análisis no asignó porcentajes de reducción de pobreza a programas específicos ni estimó un efecto causal de las transferencias.
Confianza ciudadana y legitimidad de las instituciones públicas
Por otra parte, la Corporación Latinobarómetro (2025), mediante los resultados de su estudio de opinión pública de 2024, proporcionó información sobre las percepciones ciudadanas relacionadas con el funcionamiento de las instituciones públicas. Los datos permitieron examinar la confianza en diferentes organismos y establecer un referente nacional para el análisis de la legitimidad institucional en Ecuador.
Para ello, se consideraron los porcentajes de personas que manifestaron mucha o algo de confianza en las instituciones evaluadas. Los resultados mostraron que el 27% de los encuestados ecuatorianos manifestó confianza en el gobierno, mientras que el 18% expresó confianza en el Poder Judicial y el mismo porcentaje en el Congreso o Asamblea Nacional. Con la finalidad de contextualizar estos resultados, se realizó una comparación descriptiva con los porcentajes regionales, presentada en la Tabla 6.
Tabla 6
Confianza en instituciones públicas de Ecuador y América Latina, 2024
|
Institución |
Ecuador (%) |
América Latina (%) |
Diferencia Ecuador-región (p.p.) |
|
Gobierno |
27 |
31 |
−4 |
|
Poder Judicial |
18 |
28 |
−10 |
|
Congreso/Parlamento |
18 |
24 |
−6 |
|
Partidos políticos |
13 |
17 |
−4 |
Nota. Elaboración propia a partir del informe Latinobarómetro 2024, publicado en 2025. Los porcentajes corresponden a las respuestas «mucha confianza» y «algo de confianza». Los datos regionales es un referente descriptivo, no una estimación del desempeño específico de las políticas sociales ecuatorianas.
A partir de la Tabla 6, se identificaron diferencias entre las percepciones de los encuestados ecuatorianos y los resultados agregados de América Latina. La diferencia correspondiente a la confianza en el gobierno fue de cuatro puntos porcentuales. En el caso del Poder Judicial alcanzó los diez puntos porcentuales, mientras que para el Congreso o Parlamento se situó en seis puntos porcentuales.
Estas cifras permitieron examinar la confianza ciudadana como una dimensión de la legitimidad institucional, aunque no fueron suficientes para determinar la aceptación específica de los programas ecuatorianos de protección social. Para complementar la interpretación, se elaboró una representación gráfica comparativa de los indicadores de confianza, tal como se muestra en la Figura 2.
Figura 2
Confianza ciudadana en las instituciones públicas de Ecuador y América
Latina, 2024
Nota. Elaboración propia a partir de Latinobarómetro (2025). Los resultados corresponden a la suma de las categorías «mucha confianza» y «algo de confianza» de la encuesta de 2024.
La Figura 2 permitió observar que los porcentajes de confianza registrados en Ecuador fueron inferiores a los agregados regionales en las cuatro instituciones seleccionadas. No obstante, las diferencias no se interpretaron como una evaluación de la eficacia de un gobierno determinado ni como un efecto atribuible a las políticas de redistribución económica. Los indicadores reflejaron percepciones institucionales generales que pudieron estar relacionadas con diferentes experiencias económicas, sociales y administrativas de la población.
De igual manera, los datos de confianza correspondieron al año 2024 y tuvieron alcance nacional. Por tanto, no se asignaron estos porcentajes a cada provincia ni se utilizaron para calcular correlaciones con las 46 observaciones territoriales de pobreza.
Integración de los resultados socioeconómicos e institucionales
Finalmente, a partir de los resultados del INEC (2026) y de Latinobarómetro (2025), se construyó una matriz de integración descriptiva que permitió organizar los principales hallazgos relacionados con las dos dimensiones de la investigación: la capacidad redistributiva y la legitimidad institucional de las políticas sociales ecuatorianas.
El procedimiento permitió distinguir entre los indicadores efectivamente observados y las relaciones que no pudieron estimarse con las fuentes disponibles. La Tabla 7 presenta esta síntesis de resultados.
Tabla 7
Integración de los principales resultados de la investigación
|
Dimensión |
Indicador examinado |
Resultado obtenido |
Alcance del resultado |
|
Condiciones económicas |
Pobreza por ingresos nacional |
28,0% a 21,4% |
Variación entre diciembre de 2024 y 2025 |
|
Vulnerabilidad económica |
Pobreza extrema nacional |
12,7% a 8,3% |
|
|
Desigualdad distributiva |
Coeficiente de Gini |
0,463 a 0,470 |
Variación no estadísticamente significativa |
|
Desigualdad territorial |
Pobreza rural |
37,6% en diciembre de 2025 |
Persistencia de diferencias urbano-rurales |
|
Persistencia provincial |
Correlación de Pearson |
r = 0,879 |
Asociación entre tasas provinciales de 2024 y 2025 |
|
Privaciones sociales |
Pobreza multidimensional |
37,1% nacional en 2025 |
Estimación anual |
|
Confianza institucional |
Confianza en el gobierno |
27% |
Percepción ciudadana de 2024 |
|
Confianza en el Poder Judicial |
18% |
||
|
Confianza en el Congreso |
18% |
||
|
Confianza en partidos políticos |
13% |
Nota. Elaboración propia con información del INEC (2026) y de Latinobarómetro (2025). Los indicadores corresponden a distintos niveles de agregación y períodos de referencia; por consiguiente, su integración fue descriptiva y no constituyó una estimación causal.
La Tabla 7 permitió identificar que los resultados de las políticas sociales ecuatorianas debieron examinarse desde varias dimensiones complementarias. Por una parte, las estimaciones monetarias registraron una disminución de la pobreza entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Por otra, el coeficiente de Gini y los indicadores multidimensionales mostraron que las desigualdades distributivas y las privaciones sociales no evolucionaron necesariamente en la misma dirección. Asimismo, el análisis provincial identificó una asociación positiva entre los niveles de pobreza de 2024 y 2025, lo que evidenció la persistencia de diferencias territoriales. En cuanto a la dimensión institucional, los resultados de Latinobarómetro permitieron establecer un referente de confianza ciudadana, pero no comprobar que las variaciones de pobreza produjeron cambios en dicha confianza.
CONCLUSIONES
La investigación permitió determinar que las políticas sociales ecuatorianas se desarrollaron en un contexto de reducción de la pobreza monetaria, cuya incidencia nacional pasó del 28,0% en diciembre de 2024 al 21,4% en diciembre de 2025, mientras que la pobreza extrema disminuyó del 12,7% al 8,3%. Sin embargo, el coeficiente de Gini aumentó de 0,463 a 0,470, lo que evidenció que las variaciones favorables en los indicadores de pobreza no necesariamente estuvieron acompañadas de una distribución más equitativa del ingreso. Por tanto, la capacidad redistributiva de las políticas sociales requirió evaluarse mediante indicadores complementarios que permitieran diferenciar la reducción de la pobreza de los cambios en la desigualdad económica, sin atribuir directamente los resultados observados a programas estatales específicos.
El análisis territorial evidenció la persistencia de desigualdades socioeconómicas entre las provincias ecuatorianas, identificándose una correlación positiva entre las tasas provinciales de pobreza de 2024 y 2025 (r = 0,879; p < 0,001). Así mismo, Morona Santiago registró una incidencia de pobreza por ingresos del 74,2% en 2025, frente al 11,0% de Tungurahua y el 11,2% de Pichincha. Estas diferencias demostraron la importancia de considerar las particularidades territoriales en la planificación y asignación de recursos destinados a protección social. En este sentido, se estableció la necesidad de fortalecer los mecanismos de focalización, cobertura y seguimiento de las intervenciones públicas, considerando las condiciones económicas, demográficas y sociales de cada provincia para orientar una distribución de recursos acorde con las necesidades de la población.
En cuanto a la legitimidad institucional, los resultados de Latinobarómetro evidenciaron niveles de confianza del 27% en el gobierno, 18% en el Poder Judicial, 18% en el Congreso y 13% en los partidos políticos ecuatorianos, porcentajes inferiores a los agregados regionales. Estos resultados permitieron identificar un contexto de limitada confianza ciudadana que resultó relevante para examinar la aceptación social de las políticas públicas. No obstante, la información disponible no permitió establecer una relación estadística directa entre la redistribución económica y la legitimidad institucional. En consecuencia, se reconoció la importancia de complementar las evaluaciones socioeconómicas con mediciones específicas de transparencia, satisfacción ciudadana, percepción de justicia distributiva y confianza en las entidades responsables de administrar los programas sociales, a fin de comprender integralmente los resultados económicos e institucionales de la intervención estatal.
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